1. Guerra Civil Española
La Guerra Civil Española, o guerra
de España, fue un conflicto social, político y bélico - que más tarde
repercutiría también en una crisis económica - que se desencadenó en
España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de
1.936 llevado a cabo por una parte del Ejército contra el Gobierno de la
Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente
aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la
Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la Península en las
últimas semanas de julio, comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de
abril de 1.939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco,
declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su
muerte el 20 de noviembre de 1.975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de
religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura
militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución,
entre fascismo y comunismo.
A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y
bando sublevado:
El bando republicano estuvo constituido en torno al Gobierno elegido
democráticamente, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de
una coalición de partidos republicanos - Izquierda Republicana y Unión
Republicana - con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían
sumado los marxistas-leninistas del Partido Comunista de España y el POUM,
el Partido Sindicalista de origen anarquista y en Cataluña los nacionalistas
de izquierda encabezados por Esquerra Republicana de Catalunya. Era apoyado
por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, aunque ellos lo que
perseguían era realizar la revolución social. También se había decantado por
el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco, cuando las Cortes
republicanas estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco.
El bando sublevado, que se llamó a sí mismo bando nacional, estuvo
organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado
inicialmente en la Junta de Defensa Nacional sustituida tras el
nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe de Gobierno del
Estado. Políticamente, estuvo integrado por la fascista Falange Española,
los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran
parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos
conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la
victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su
posición; por la Iglesia católica, acosada por la persecución religiosa
desatada por parte de la izquierda nada más estallar el conflicto; por
pequeños propietarios temerosos de una revolución del proletariado, y
también por muchas personas de clase baja de firmes convicciones
religiosas. Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de
graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos,
paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La
dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos
cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa
General, todo ello con escasas garantías procesales. Por su parte, los
delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados durante
el franquismo, a pesar de que algunos historiadores y juristas, sostienen
que hubo un genocidio en el que, además de subvertir el orden
institucional, se habría intentado exterminar a la oposición
política. Las consecuencias de la Guerra Civil han marcado en gran medida la
historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y
duraderas: tanto las demográficas - mortandad y descenso de la natalidad
que marcaron la pirámide de población durante generaciones - como las
materiales - destrucción de las ciudades, la estructura económica, el
patrimonio artístico, intelectuales - fin de la denominada Edad de Plata
de las letras y las ciencias políticas - la represión en la retaguardia de
ambas zonas, mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad
durante todo el franquismo, y el exilio republicano, que se perpetuaron
mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad
geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco hasta 1.975.
2. Antecedentes "Segunda República Española"
En enero de 1.930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso
de la Dictadura que había instaurado en septiembre de 1.923 con el apoyo
del rey, y dimite. Alfonso XIII nombra entonces como presidente del
gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este no consigue devolver a
la monarquía la normalidad constitucional, este período fue
conocido como Dictablanda, y es sustituido en febrero de 1.931, por
el almirante Juan Bautista Aznar, quien convoca elecciones municipales
para el domingo 12 de abril. Las elecciones son ganadas en las ciudades
por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San
Sebastián de agosto de 1.930, y el martes 14 de abril el rey Alfonso
XIII, ante las dudas de la Guardia Civil y del Ejército a utilizar la
fuerza para frenar las multitudinarias manifestaciones prorre-publicanas
que inundan las principales ciudades, abandona el país. En Madrid el
"comité revolucionario", republicano-socialista proclama la República y
asume el poder como Gobierno Provisional, presidido por Niceto
Alcalá-Zamora. Durante el primer bienio de la Segunda República Española, se aprueba
la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de
republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña,
formado el 15 de diciembre de 1.931, tras rechazar el Partido
Republicano Radical, su participación en el mismo por estar en
desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas,
profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo
propósito es modernizar la realidad económica, social, política y
cultural española. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto
Alcalá Zamora como Presidente de la República, quien confirmó a Manuel
Azaña como Presidente del Gobierno. No obstante, el amplio abanico de reformas que emprendió el gobierno
social-azañista, encontró gran resistencia entre los grupos
sociales y corporativos a los que se intentaba descabalgar de sus
posiciones adquiridas, los terratenientes, los grandes empresarios,
financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la
opinión católica, la opinión monárquica o el militarismo africanista.
Este último organizó un fracasado golpe de estado en agosto de 1.932,
encabezado por el general Sanjurjo. Pero también existió una resistencia
al reformismo republicano de signo contrario, el del revolucionarismo a
ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas, la CNT y
la FAI . Para ellos, la República representaba el orden
burgués, sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos
anteriores, Dictadura y Monarquía, que había de ser destruido para
alcanzar el comunismo libertario. Así se produjeron una serie de
levantamientos anarquistas en enero y diciembre de 1.933, reprimidos con
dureza. La coalición encabezada por Azaña se deshace y se convocan elecciones
para noviembre de 1.933, en las que votaron por primera vez las mujeres,
que son ganadas por la derecha católica de la CEDA y por el
centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro
Lerroux. Este forma gobierno con el objetivo de rectificar las
reformas del primer bienio, no anularlas, para incorporar a la República
a la derecha accidentalista, que no se proclamaba abiertamente
monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco
republicana, representada por la CEDA y el Partido Agrario, que le dan
su apoyo parlamentario. Cuando la CEDA entra en el gobierno en octubre
de 1.934, se desencadena la Revolución de Octubre, una fracasada
insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias, durante un
par de semanas el único lugar donde también participó la CNT,
aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del Ejército,
que trajo del Protectorado español de Marruecos a las tropas coloniales
de regulares y legionarios, y una vez finalizada, se produjo una fuerte
represión. Lo mismo sucedió con la proclamación por el presidente de la
Generalidad de Cataluña Lluís Companys del Estado Catalán dentro de
la República Federal Española el 6 de octubre. La Revolución de octubre de 1.934, hizo aumentar en el gobierno
radical-cedista los temores a que un próximo intento de una revolución
bolchevique acabara triunfando. Esto acentuó la presión sobre el
Partido Radical para llevar adelante una política más decididamente
legisladora o contrarrevolucionaria. En última instancia, los sucesos de
octubre de 1934, convencieron a la CEDA de que era necesario llegar a
alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el giro
autoritario que el régimen, según ellos, necesitaba. El líder de la
CEDA, José María Gil Robles, encontró su oportunidad cuando estallo el
escándalo del estraperlo y el del asunto Nombela, que hundieron a
Lerroux y al Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría.
Pero el Presidente de la República Alcalá Zamora se negó a dar el poder
a una fuerza accidentalista, que no había proclamado su fidelidad a la
República y encargó la formación de gobierno a un independiente de su
confianza, Manuel Portela Valladares, quien forma el 15 de diciembre, un
gabinete republicano de centro-derecha que aguanta el poder Ejecutivo
hasta que Alcalá Zamora convoca elecciones para el 16 de febrero de
1.936. El resultado de las elecciones de febrero de 1936, fue un reparto muy
equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47.1%),
sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó a un 5.3%. Pero
como el sistema electoral primaba a los ganadores, esto se tradujo en
una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular.
3. El Gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1.936)
El miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente
Popular, formaba un gobierno que, conforme a lo pactado con los
socialistas, solo estaba integrado por ministros republicanos de
izquierda, nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana.
Una de sus primeras decisiones fue alejar de los centros de poder a
los generales más antirrepublicanos, el general Manuel Goded fue
destinado a la Comandancia militar de Baleares, el general Francisco
Franco, a la de Canarias, el general Emilio Mola al gobierno militar
de Pamplona. Otros generales significados como Luis Orgaz, Rafael
Villegas, Joaquín Fanjul y Andrés Saliquet quedaron en situación de
disponibles. La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la
amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1.934,
legalizando así el asalto a varias cárceles por la multitud, pero
dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral
del Frente Popular. Otra de las medidas urgentes era reponer en sus
puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1.931, y sustituidos
durante el bienio conservador. El 28 de febrero, el gobierno decretaba
no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos
políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1.934, sino que,
presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que
indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados.
Asimismo, fue restablecido el gobierno de la Generalidad de Cataluña,
cuyos miembros habían salido de la cárcel beneficiados también por la
amnistía. La cuestión agraria fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo
que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina
que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades
locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el
campo, especialmente en Extremadura. Así el 19 de abril el ministro de
Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley,
entre ellos uno que derogaba la Ley de la Reforma Agraria de agosto de
1.935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía a
estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1.932. Gracias
a varios decretos y a esta ley entre marzo y julio de 1.936, se
asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años
anteriores. Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo,
debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la
radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello
con incidentes violentos. El caso más grave se produjo en
Albacete, donde a finales de mayo de 1.936, la detención de unos
campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular
condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los
jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de
ellos asesinados a sangre fría por los agentes.
La actividad del parlamento estuvo paralizada casi todo el mes de
abril debido al proceso de destitución del presidente de la República
Niceto Alcalá-Zamora, iniciado y aprobado por la izquierda, y su
sustitución por Manuel Azaña, que fue investido en su nuevo cargo el
10 de mayo de 1.936, siendo sustituido al frente del gobierno por su
compañero del partido de Izquierda Republicana, Santiago Casares
Quiroga, quien asumiría a su vez la cartera de Guerra.
El nuevo gobierno de Casares Quiroga continuó con la política
reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía
fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían
sido derogados o modificados durante el bienio radical-cedista, a
los que se añadieron algunos otros. Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno
fue la oleada de huelgas que se produjeron, declaradas y sostenidas
muchas veces por comités conjuntos de la CNT y la UGT, en las que en
muchas de ellas se hablaba de revolución, pero ni UGT ni CNT,
preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos
continuos de 1.932, 1.933 y 1.934, y la única posibilidad de que se
produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe
militar. Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga, fue la
división interna del PSOE, el partido más importante del Frente
Popular, que enfrentaba a los sectores prietista y
largocaballerista, ya que Francisco Largo Caballero, que dominaba
UGT y el grupo parlamentario del PSOE, continuó oponiéndose a la
entrada en el gobierno de los socialistas y defendiendo el
entendimiento entre las organizaciones obreras, para esperar el
momento en que el fracaso de los burgueses
republicanos facilitara la conquista del poder por la clase
obrera. Otro problema fue que el sector de la CEDA, liderado por Gil
Robles se decantaba por realizar un boicot a las instituciones
republicanas, y por apoyar la posición defendida de la derecha
monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo, que propugnaba
abiertamente por la ruptura violenta del orden constitucional
mediante un golpe de estado militar, en cuya preparación ya estaban
colaborando por su parte los monárquicos carlistas, aceleraron la
formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar
con cuyos dirigentes mantenían contactos.
4. La violencia política
Los gobiernos del Frente Popular también tuvieron que hacer frente a
un aumento de la violencia política provocada por el partido
fascista Falange Española, que a principios de 1.936, era una fuerza
política marginal, pero que tras el triunfo del Frente Popular
recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas
dispuestos a la acción violenta, y por la respuesta que le dieron
las organizaciones de izquierda. El primer atentado importante que
cometieron los falangistas fue el perpetrado el 12 de marzo de
1.936, contra el diputado socialista y padre de la
Constitución de 1.931, Luis Jiménez de Asúa, en el que este resultó
ileso, pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. La
respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido y detener el
14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera, pero
el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando
atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y
comunistas. Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los
días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el
Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto
Aniversario de la República. Junto a la tribuna principal estalló un
artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que
causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, alférez de la Guardia
Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores.
Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al
día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en
una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados
José María Gil Robles, líder de la CEDA, y José Calvo Sotelo, líder
de la derecha monárquica antirrepublicana y antidemocrática, además
de oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos
lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron
respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres
heridos. Uno de los muertos fue el estudiante Ángel Sáenz de
Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.
También resultó herido un joven tradicionalista carlista, José
Llaguno Acha, y una muchedumbre intentó linchar al teniente José del
Castillo Sáenz de Tejada, al que se le acusó de dispararle. Entre
abril y julio, los atentados y las reyertas protagonizadas por
falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las
organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid.
Unos cuarenta miembros de la Falange murieron en esos actos o en
atentados de represalia de las organizaciones de la izquierda.
También fueron objeto de la violencia, los edificios religiosos, un
centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados,
aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a
julio no hubo ningún miembro del clero. El aumento de la violencia
política y el crecimiento de las organizaciones juveniles
paramilitares tanto entre la derecha, milicias falangistas, requetés
carlistas, como entre la izquierda, milicias de las juventudes
socialistas, comunistas y anarquistas, y entre los nacionalistas
vascos y catalanes, milicias de Esquerra Republicana de Catalunya y
del PNV, aunque no estaban armadas y su actividad principal era
desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública,
especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular
presidido por Santiago Casares Quiroga, no era capaz de mantener el
orden público, lo que servía de justificación para el golpe de
fuerza, militar que se estaba preparando. A esta percepción también
contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la
rebelión, frente al desorden, que atribuía al Gobierno
tiránico del Frente Popular, enemigo de Dios y de la Iglesia,
aprovechando que la confrontación entre clericalismo y
anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de
febrero, con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el
tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las
iglesias, como procesiones o entierros católicos. Así mismo, en el
parlamento, los diputados de la derecha, singularmente Calvo Sotelo
y Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del
orden público. En la noche del domingo 12 de julio, era asesinado en
la calle de Fuencarral de Madrid, el teniente de la Guardia de
Asalto e instructor de las milicias socialistas José del Castillo
Sáenz de Tejada, que se dirigía a su puesto de trabajo en el Cuartel
de Pontejos, probablemente por pistoleros de extrema derecha
pertenecientes a la Comunión Tradicionalista o de la Falange
Española. El teniente Castillo era muy conocido por su activismo
izquierdista, y se le atribuía la frase. Yo no tiro sobre el
pueblo tras haberse negado a participar en la represión de la
Revolución de Asturias, acto de rebeldía que le costaría un año de
cárcel.
Como represalia, los compañeros policías del teniente Castillo,
dirigidos por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condes,
secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del
día siguiente a José Calvo Sotelo, líder de los
monárquicos alfonsinos, que no tuvo nada que ver con el
asesinato del teniente Castillo, y abandonaron el cadáver en el
depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo
Sotelo, el dirigente monárquico Antonio Goicoechea, juró
solemnemente consagrar nuestra vida a esta triple labor
- imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España. Por su
parte, el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les
dijo a los diputados de la izquierda, que la sangre del señor
Calvo Sotelo está sobre vosotros, y acusó al gobierno de tener
la responsabilidad moral del crimen por patrocinar la
violencia. Según el estudio más completo que se ha realizado sobre
las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre
febrero y julio de 1.936, antes de iniciarse el golpe de estado,
hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados
por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262
víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha,
19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese
estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la
violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses. La
violencia política de los meses de gobierno, en paz del Frente
Popular, de febrero a julio de 1936, fue utilizada después por los
vencedores en la Guerra Civil, como justificación de su alzamiento.
Hoy en día, el debate sigue abierto, aunque la mayoría de los
historiadores opinan que en absoluto puede hablarse de una
primavera trágica en la que el gobierno del Frente
Popular hubiera perdido el control de la situación. Y la conclusión
de la mayoría de ellos es clara. La desestabilización política
real en la primavera de 1.936 no explica en modo alguno la
sublevación militar de julio de 1.936, y menos aún la
justifica. La política y la sociedad española mostraba signos
inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la
única salida fuera una guerra civil. Durante los primeros meses de
1.936, se produjo una polarización de la política española, en cuyos
extremos se situaba la izquierda revolucionaria y la derecha
fascista, y en medio una izquierda moderada y una derecha
republicana junto con un centro anticlerical, y una derecha de
fuerte componente católico y monárquico que representaba a
muchos militares, terratenientes y a la jerarquía católica que veían
peligrar su posición privilegiada, y su concepto de la unidad de
España. Una división que podía remontarse al siglo XIX, cuando tuvo
lugar el difícil proceso de cambio que se inició en el año 1.808,
para poner fin al absolutismo que lastraba al país, manteniendo
fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no
privilegiados, y que el moderantismo decimonónico solo consiguió
superar parte. El resultado fue una población rural dividida entre
los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados y
dominados por los caciques y la Iglesia, unos burócratas
conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos, y por lo
tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen
que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada.
También provenía del siglo XIX la tradición de que los problemas no
se arreglaban más que con los pronunciamientos. No es extraño pues,
que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de
Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a
haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo
Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los
pesimistas.
5. El detonante: el golpe de estado de julio de
1.936. Organización Territorial Militar en la España de 1.936
y Guerra Civil Española en Castilla y León.
La conspiración militar
Nada más conocerse la victoria del Frente Popular en las elecciones,
se produjo un primer intento de golpe de fuerza, por parte de
la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los
vencedores. Fue el propio Gil Robles el primero que intentó sin
éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela
Valladares, declarase el estado de guerra y anulara los
comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del
Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos
militares para que declarasen el estado de guerra, lo que según la
Ley de Orden Público de 1.933, suponía que el poder pasaba a las
autoridades militares, pero fue desautorizado por el todavía jefe de
gobierno Portela Valladares, y por el ministro de la guerra el
general Nicolás Molero. El 8 de marzo de 1.936, tuvo lugar en
Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios
generales Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín
Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García
de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel
Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente
coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME, en la que acordaron
organizar un alzamiento militar, que derribara al gobierno del
Frente Popular recién constituido y restableciera el orden en
el interior y el prestigio internacional de España. También se
acordó que el gobierno lo desempeñaría una Junta Militar, presidida
por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el
exilio en Portugal. Desde finales de abril, fue el general Mola,
quien tomó la dirección de la trama golpista desplazándose así
el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona, adoptando el
nombre clave de el Director. Este continuó con el proyecto de
constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y
comenzó a redactar y difundir una serie de circulares
o Instrucciones reservadas, en las que fue perfilando la
compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. La primera
de las cinco, instrucciones reservadas, la dictó el 25 de mayo, y en
ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado
de una violenta represión. Mola consiguió comprometer en el golpe a
numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la
UME, pero tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar
fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia.
Así pues, el problema de los militares implicados era que, a
diferencia del golpe de estado de 1.923, ahora no contaban con la
totalidad del Ejército ni de la Guardia Civil ni las otras
fuerzas de seguridad, para respaldarlo. Una segunda diferencia
respecto de 1.923, era que la actitud de las organizaciones obreras
y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, sino que
como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas
razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar,
y por eso, además, el general Mola, el Director, buscó el apoyo
de las milicias de los partidos antirrepublicanos, requetés y
falangistas, y el respaldo financiero de los partidos de la derecha.
Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes
noticias de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia
contra los conspiradores.
A principios de julio de 1.936, la preparación del golpe militar
estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que el
entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación
necesario, y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades
al continuar pidiendo concesiones inadmisibles. El plan del
general Emilio Mola, era un levantamiento coordinado de todas las
guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en
sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África, que entre
los días 5 y 12 de julio, realizó unas maniobras en el Llano
Amarillo, donde se terminaron de perfilar los detalles de la
sublevación en el Protectorado de Marruecos. Como se preveía que en
Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo la
sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul,
estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el
propio Mola se dirigiera hacia Madrid, para apoyar el levantamiento
de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también
estaba planeado que el general Franco, después de sublevar las islas
Canarias, se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a
bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio, por
el corresponsal del diario ABC Luis Bolín, gracias al dinero
aportado por el financiero Juan March, para ponerse al frente de las
tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzar sobre
Madrid. Una vez depuesto el gobierno de la República, se instauraría
una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo
de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general
Sanjurjo. Los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo
que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la
época en que actúan, inventan documentos falsos, que compuso Tomás
Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y
de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de
las viejas clases dominantes, la lucha contra las reformas sociales,
más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en
marcha.
El asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio,
aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también
de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas,
entre ellos, según Paul Preston, el general Franco. Además, Mola
decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el
doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación, que
quedó fijada para los días 18 y 19 de julio de 1.936.
6. El golpe del 17 al 20 de julio
El 17 de julio por la mañana en Melilla, los dos coroneles y otros
oficiales que estaban al tanto del alzamiento militar se reúnen en
el departamento cartográfico y trazan los planes para ocupar el 18
los edificios públicos, planes que comunican a los dirigentes
falangistas. Uno de los dirigentes locales de la Falange informa al
dirigente local de Unión Republicana, llegando esta información al
General Romerales, Comandante Militar de Melilla, que a su vez
informa a Casares Quiroga. Romerales envía por la tarde una patrulla
de soldados y guardias de asalto a registrar el departamento
cartográfico. El coronel al mando del mismo retrasa el registro y
llama al cuartel de la Legión, desde donde le envían un grupo de
legionarios. Ante estos, la patrulla se rinde y los sublevados
proceden a arrestar a Romerales que fue fusilado junto con el
delegado del gobierno y el alcalde de Melilla que se habían
resistido a la rebelión, proclaman el estado de guerra e inician
anticipadamente el levantamiento, informando a sus compañeros del
resto de Marruecos que habían sido descubiertos. Esto hizo que se
adelantase en Marruecos la fecha prevista. En los tres días
siguientes el golpe se extendió a las guarniciones de la península,
Canarias y Baleares. Los militares sublevados no consiguieron
alcanzar su objetivo principal de apoderarse del punto neurálgico
del poder, Madrid, ni de las grandes ciudades, como Barcelona,
Valencia, Bilbao, Málaga o Murcia aunque sí controlaban
Sevilla, Valladolid, Zaragoza y Córdoba, pero dominaban cerca de la
mitad del territorio español, ya que controlaban prácticamente el
tercio norte peninsular Galicia, León, Castilla la Vieja,
Álava, Navarra, gran parte de la provincia de Cáceres, incluida la
capital, y la mitad occidental de Aragón, incluyendo las tres
capitales provinciales, menos la franja cantábrica formada por
Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, que quedó aislada del
resto de la zona republicana, y Cataluña. Además dominaban las
ciudades andaluzas de Sevilla donde el general Gonzalo Queipo
de Llano se hace con inusitada determinación con el mando de la 2.ª
División Orgánica, Córdoba y Cádiz conectadas entre sí por una
estrecha franja así como la ciudad de Granada, pero aislada del
resto, más todo el Protectorado de Marruecos y los dos
archipiélagos, Canarias menos la isla de La Palma, y
Baleares excepto Menorca. Fuera de esta área controlaban
determinados lugares y puntos de resistencia aislados dentro de la
zona republicana como la ciudad de Oviedo que soportó un
asedio por parte de los republicanos durante 90 días, hasta la
entrada de las tropas franquistas el 17 de octubre, el cuartel de
Simancas en Gijón, el Alcázar de Toledo o el santuario de la Virgen
de la Cabeza en Andújar. Esta España controlada por los sublevados
era en general. la España interior, rural, de formas sociales
más retardatarias, de grandes y medianos propietarios agrarios, y
con extenso proletariado agrario también. De los lugares donde ha
triunfado la sublevación parten las ofensivas de las tropas
rebeldes, a hacer lo que la propaganda nacional, llamó
la Reconquista, para tomar las ciudades en manos de la
República o a liberar los lugares en manos de los rebeldes asediados
por las tropas gubernamentales, como son los casos del sitio de
Oviedo y del Alcázar toledano. En la zona sublevada la muerte en
accidente de aviación del que iba ser el jefe de la rebelión, el
general Sanjurjo, provocó que los generales sublevados decidieron
crear el jueves 23 de julio una Junta de Defensa Nacional, que
quedaría constituida al día siguiente en Burgos, y que estaría
integrada por los generales Miguel Cabanellas, que fue nombrado
presidente de la Junta por ser el general más antiguo entre los
sublevados, Andrés Saliquet, Miguel Ponte, Emilio Mola y Fidel
Dávila, además del coronel Federico Montaner y el coronel Moreno
Calderón. En el Decreto nº 1 que publicó la Junta se establecía que
esta asumía todos los poderes del Estado y que
representaría al país ante los poderes extranjeros, aunque en las
semanas siguientes ningún país la reconoció y siguió considerando
como gobierno legítimo de España al de Madrid presidido por el
republicano de izquierda José Giral. El 27 de julio de 1.936, llegó
a España el primer escuadrón de aviones italianos enviado por Benito
Mussolini.
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