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martes, 2 de mayo de 2017

Guerra de España ( 1936 - 1939 ) " 1ª Parte "



La Guerra Civil Española, o guerra de España, fue un conflicto social, político y bélico - que más tarde repercutiría también en una crisis económica - que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del Ejército contra el Gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la Península en las últimas semanas de julio, comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.

La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.

A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado:
El bando republicano estuvo constituido en torno al Gobierno elegido democráticamente, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos - Izquierda Republicana y Unión Republicana - con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado los marxistas-leninistas del Partido Comunista de España y el POUM, el Partido Sindicalista de origen anarquista y en Cataluña los nacionalistas de izquierda encabezados por Esquerra Republicana de Catalunya. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, aunque ellos lo que perseguían era realizar la revolución social. También se había decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco, cuando las Cortes republicanas estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
El bando sublevado, que se llamó a sí mismo bando nacional, estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe de Gobierno del Estado. Políticamente, estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición; por la Iglesia católica, acosada por la persecución religiosa desatada por parte de la izquierda nada más estallar el conflicto; por pequeños propietarios temerosos de una revolución del proletariado, y también por muchas personas de clase baja de firmes convicciones religiosas.

Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa General, todo ello con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados durante el franquismo, a pesar de que algunos historiadores y juristas, sostienen que hubo un genocidio en el que, además de subvertir el orden institucional, se habría intentado exterminar a la oposición política.

Las consecuencias de la Guerra Civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas: tanto las demográficas - mortandad y descenso de la natalidad que marcaron la pirámide de población durante generaciones - como las materiales - destrucción de las ciudades, la estructura económica, el patrimonio artístico, intelectuales - fin de la denominada Edad de Plata de las letras y las ciencias políticas - la represión en la retaguardia de ambas zonas, mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad durante todo el franquismo, y el exilio republicano, que se perpetuaron mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco hasta 1975.


Antecedentes " Segunda República Española ".

En enero de 1930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la Dictadura que había instaurado en septiembre de 1923 con el apoyo del rey, y dimite. Alfonso XIII nombra entonces como presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este no consigue devolver a la monarquía la normalidad constitucional,  este período fue conocido como Dictablanda, y es sustituido en febrero de 1931, por el almirante Juan Bautista Aznar, quien convoca elecciones municipales para el domingo 12 de abril. Las elecciones son ganadas en las ciudades por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, y el martes 14 de abril el rey Alfonso XIII, ante las dudas de la Guardia Civil y del Ejército a utilizar la fuerza para frenar las multitudinarias manifestaciones prorre - publicanas que inundan las principales ciudades, abandona el país. En Madrid el "comité revolucionario", republicano-socialista proclama la República y asume el poder como Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora.

Durante el primer bienio de la Segunda República Española, se aprueba la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931, tras rechazar el Partido Republicano Radical, su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural española. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como Presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como Presidente del Gobierno.

No obstante, el amplio abanico de reformas que emprendió el gobierno social-azañista, encontró gran resistencia entre los grupos sociales y corporativos a los que se intentaba descabalgar de sus posiciones adquiridas, los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica o el militarismo africanista. Este último organizó un fracasado golpe de estado en agosto de 1932, encabezado por el general Sanjurjo. Pero también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario, el del revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas, la CNT y la FAI . Para ellos, la República representaba el orden burgués, sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, Dictadura y Monarquía, que había de ser destruido para alcanzar el comunismo libertario. Así se produjeron una serie de levantamientos anarquistas en enero y diciembre de 1933, reprimidos con dureza.

La coalición encabezada por Azaña se deshace y se convocan elecciones para noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres, que son ganadas por la derecha católica de la CEDA y por el centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Este forma gobierno con el objetivo de rectificar las reformas del primer bienio, no anularlas, para incorporar a la República a la derecha accidentalista, que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana, representada por la CEDA y el Partido Agrario, que le dan su apoyo parlamentario. Cuando la CEDA entra en el gobierno en octubre de 1934, se desencadena la Revolución de Octubre, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias, durante un par de semanas el único lugar donde también participó la CNT, aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del Ejército, que trajo del Protectorado español de Marruecos a las tropas coloniales de regulares y legionarios, y una vez finalizada, se produjo una fuerte represión. Lo mismo sucedió con la proclamación por el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys del Estado Catalán dentro de la República Federal Española el 6 de octubre.

La Revolución de octubre de 1934, hizo aumentar en el gobierno radical-cedista los temores a que un próximo intento de una revolución bolchevique acabara triunfando. Esto acentuó la presión sobre el Partido Radical para llevar adelante una política más decididamente legisladora o contrarrevolucionaria. En última instancia, los sucesos de octubre de 1934, convencieron a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el giro autoritario que el régimen, según ellos, necesitaba. El líder de la CEDA, José María Gil Robles, encontró su oportunidad cuando estallo el escándalo del estraperlo y el del asunto Nombela, que hundieron a Lerroux y al Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría. Pero el Presidente de la República Alcalá Zamora se negó a dar el poder a una fuerza accidentalista, que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza, Manuel Portela Valladares, quien forma el 15 de diciembre, un gabinete republicano de centro-derecha que aguanta el poder Ejecutivo hasta que Alcalá Zamora convoca elecciones para el 16 de febrero de 1936.

El resultado de las elecciones de febrero de 1936, fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47.1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó a un 5.3%. Pero como el sistema electoral primaba a los ganadores, esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular.


El Gobierno del Frente Popular ( febrero-julio de 1936 ).



El miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba un gobierno que, conforme a lo pactado con los socialistas, solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda, nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana. Una de sus primeras decisiones fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos, el general Manuel Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares, el general Francisco Franco, a la de Canarias, el general Emilio Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados como Luis Orgaz, Rafael Villegas, Joaquín Fanjul y Andrés Saliquet quedaron en situación de disponibles.



La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, legalizando así el asalto a varias cárceles por la multitud, pero dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral del Frente Popular. Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931, y sustituidos durante el bienio conservador. El 28 de febrero, el gobierno decretaba no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados. Asimismo, fue restablecido el gobierno de la Generalidad de Cataluña, cuyos miembros habían salido de la cárcel beneficiados también por la amnistía.



La cuestión agraria fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo, especialmente en Extremadura. Así el 19 de abril el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley, entre ellos uno que derogaba la Ley de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía a estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Gracias a varios decretos y a esta ley entre marzo y julio de 1936, se asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años anteriores. Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. El caso más grave se produjo en Yeste  Albacete, donde a finales de mayo de 1936, la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes.

La actividad del parlamento estuvo paralizada casi todo el mes de abril debido al proceso de destitución del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, iniciado y aprobado por la izquierda, y su sustitución por Manuel Azaña, que fue investido en su nuevo cargo el 10 de mayo de 1936, siendo sustituido al frente del gobierno por su compañero del partido de Izquierda Republicana, Santiago Casares Quiroga, quien asumiría a su vez la cartera de Guerra.
El nuevo gobierno de Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el bienio radical-cedista, a los que se añadieron algunos otros.

Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron, declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos de la CNT y la UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución, pero ni UGT ni CNT, preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos continuos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar.

Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga, fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular, que enfrentaba a los sectores prietista y largocaballerista, ya que Francisco Largo Caballero, que dominaba UGT y el grupo parlamentario del PSOE, continuó oponiéndose a la entrada en el gobierno de los socialistas y defendiendo el entendimiento entre las organizaciones obreras, para esperar el momento en que el fracaso de los burgueses republicanos facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Otro problema fue que el sector de la CEDA, liderado por Gil Robles se decantaba por realizar un boicot a las instituciones republicanas, y por apoyar la posición defendida de la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo, que propugnaba abiertamente por la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar, en cuya preparación ya estaban colaborando por su parte los monárquicos carlistas, aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos.


Santiago Casares Quiroga.

La violencia política.

Los gobiernos del Frente Popular también tuvieron que hacer frente a un aumento de la violencia política provocada por el partido fascista Falange Española, que a principios de 1936, era una fuerza política marginal, pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, y por la respuesta que le dieron las organizaciones de izquierda. El primer atentado importante que cometieron los falangistas fue el perpetrado el 12 de marzo de 1936,contra el diputado socialista y  padre  de la Constitución de 1931, Luis Jiménez de Asúa, en el que este resultó ileso, pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido y detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera, pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas.

Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República. Junto a la tribuna principal estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados José María Gil Robles, líder de la CEDA, y José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica antirrepublicana y antidemocrática, además de oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos fue el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. También resultó herido un joven tradicionalista  carlista, José Llaguno Acha, y una muchedumbre intentó linchar al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada, al que se le acusó de dispararle.

Entre abril y julio, los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de la Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de la izquierda. También fueron objeto de la violencia, los edificios religiosos, un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados, aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.

El aumento de la violencia política y el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha, milicias falangistas, requetés carlistas, como entre la izquierda, milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas, y entre los nacionalistas vascos y catalanes, milicias de Esquerra Republicana de Catalunya y del PNV, aunque no estaban armadas y su actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular presidido por Santiago Casares Quiroga, no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el  golpe de fuerza, militar que se estaba preparando. A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión, frente al desorden, que atribuía al  Gobierno tiránico del Frente Popular, enemigo de Dios y de la Iglesia, aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero, con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos. Así mismo, en el parlamento, los diputados de la derecha, singularmente Calvo Sotelo y Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del orden público.

En la noche del domingo 12 de julio, era asesinado en la calle de Fuencarral de Madrid, el teniente de la Guardia de Asalto e instructor de las milicias socialistas José del Castillo Sáenz de Tejada, que se dirigía a su puesto de trabajo en el Cuartel de Pontejos, probablemente por pistoleros de extrema derecha pertenecientes a la Comunión Tradicionalista o de la Falange Española. El teniente Castillo era muy conocido por su activismo izquierdista, y se le atribuía la frase. Yo no tiro sobre el pueblo tras haberse negado a participar en la represión de la Revolución de Asturias, acto de rebeldía que le costaría un año de cárcel.

Como represalia, los compañeros policías del teniente Castillo, dirigidos por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, líder de los monárquicos alfonsinos, que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo, y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo, el dirigente monárquico Antonio Goicoechea, juró solemnemente consagrar nuestra vida a esta triple labor - imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España. Por su parte, el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda, que  la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros, y acusó al gobierno de tener la  responsabilidad moral  del crimen por patrocinar la violencia.

Según el estudio más completo que se ha realizado sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses.

La violencia política de los meses de gobierno, en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fue utilizada después por los vencedores en la Guerra Civil, como justificación de su alzamiento. Hoy en día, el debate sigue abierto, aunque la mayoría de los historiadores opinan que en absoluto puede hablarse de una  primavera trágica en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación. Y la conclusión de la mayoría de ellos es clara. La desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar de julio de 1936, y menos aún la justifica. La política y la sociedad española mostraba signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil.

Durante los primeros meses de 1936, se produjo una polarización de la política española, en cuyos extremos se situaba la izquierda revolucionaria y la derecha fascista, y en medio una izquierda moderada y una derecha republicana junto con un centro anticlerical, y una derecha de fuerte componente católico y monárquico que representaba a muchos militares, terratenientes y a la jerarquía católica que veían peligrar su posición privilegiada, y su concepto de la unidad de España. Una división que podía remontarse al siglo XIX, cuando tuvo lugar el difícil proceso de cambio que se inició en el año 1808, para poner fin al absolutismo que lastraba al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, y que el moderantismo decimonónico solo consiguió superar parte. El resultado fue una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados y dominados por los caciques y la Iglesia, unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos, y por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También provenía del siglo XIX la tradición de que los problemas no se arreglaban más que con los pronunciamientos. No es extraño pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.


José Antonio Primo de Rivera.

El detonante: el golpe de estado de julio de 1936. Organización Territorial Militar en la España de 1936 y Guerra Civil Española en Castilla y León.
La conspiración militar.

Nada más conocerse la victoria del Frente Popular en las elecciones, se produjo un primer intento de golpe de fuerza, por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares, declarase el estado de guerra y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra, lo que según la Ley de Orden Público de 1933, suponía que el poder pasaba a las autoridades militares, pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno Portela Valladares, y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero.

El 8 de marzo de 1936, tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME, en la que acordaron organizar un  alzamiento militar, que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España. También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una Junta Militar, presidida por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el exilio en Portugal.

Desde finales de abril, fue el general Mola, quien tomó la dirección de la trama golpista desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona, adoptando el nombre clave de el Director. Este continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o Instrucciones reservadas, en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. La primera de las cinco, instrucciones reservadas, la dictó el 25 de mayo, y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión.

Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME, pero tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia. Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad, para respaldarlo. Una segunda diferencia respecto de 1923, era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, el Director, buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirrepublicanos, requetés y falangistas, y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia contra los conspiradores.

A principios de julio de 1936, la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que  el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario, y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades al continuar pidiendo  concesiones inadmisibles. El plan del general Emilio Mola, era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África, que entre los días 5 y 12 de julio, realizó unas maniobras en el Llano Amarillo, donde se terminaron de perfilar los detalles de la sublevación en el Protectorado de Marruecos. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul, estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid, para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco, después de sublevar las islas Canarias, se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio, por el corresponsal del diario ABC Luis Bolín, gracias al dinero aportado por el financiero Juan March, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzar sobre Madrid. Una vez depuesto el gobierno de la República, se instauraría una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo. Los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la época en que actúan, inventan documentos falsos, que compuso Tomás Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de las viejas clases dominantes, la lucha contra las reformas sociales, más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en marcha.

El asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio, aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas, entre ellos, según Paul Preston, el general Franco. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación, que quedó fijada para los días 18 y 19 de julio de 1936.

El golpe del 17 al 20 de julio.

El 17 de julio por la mañana en Melilla, los dos coroneles y otros oficiales que estaban al tanto del alzamiento militar se reúnen en el departamento cartográfico y trazan los planes para ocupar el 18 los edificios públicos, planes que comunican a los dirigentes falangistas. Uno de los dirigentes locales de la Falange informa al dirigente local de Unión Republicana, llegando esta información al General Romerales, Comandante Militar de Melilla, que a su vez informa a Casares Quiroga. Romerales envía por la tarde una patrulla de soldados y guardias de asalto a registrar el departamento cartográfico. El coronel al mando del mismo retrasa el registro y llama al cuartel de la Legión, desde donde le envían un grupo de legionarios. Ante estos, la patrulla se rinde y los sublevados proceden a arrestar a Romerales que fue fusilado junto con el delegado del gobierno y el alcalde de Melilla que se habían resistido a la rebelión, proclaman el estado de guerra e inician anticipadamente el levantamiento, informando a sus compañeros del resto de Marruecos que habían sido descubiertos. Esto hizo que se adelantase en Marruecos la fecha prevista. En los tres días siguientes el golpe se extendió a las guarniciones de la península, Canarias y Baleares.

Los militares sublevados no consiguieron alcanzar su objetivo principal de apoderarse del punto neurálgico del poder, Madrid, ni de las grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Murcia aunque sí controlaban Sevilla, Valladolid, Zaragoza y Córdoba, pero dominaban cerca de la mitad del territorio español, ya que controlaban prácticamente el tercio norte peninsular  Galicia, León, Castilla la Vieja, Álava, Navarra, gran parte de la provincia de Cáceres, incluida la capital, y la mitad occidental de Aragón, incluyendo las tres capitales provinciales, menos la franja cantábrica formada por Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, que quedó aislada del resto de la zona republicana, y Cataluña. Además dominaban las ciudades andaluzas de Sevilla donde el general Gonzalo Queipo de Llano se hace con inusitada determinación con el mando de la 2.ª División Orgánica, Córdoba y Cádiz conectadas entre sí por una estrecha franja así como la ciudad de Granada, pero aislada del resto, más todo el Protectorado de Marruecos y los dos archipiélagos, Canarias menos la isla de La Palma, y Baleares excepto Menorca. Fuera de esta área controlaban determinados lugares y puntos de resistencia aislados dentro de la zona republicana como la ciudad de Oviedo  que soportó un asedio por parte de los republicanos durante 90 días, hasta la entrada de las tropas franquistas el 17 de octubre, el cuartel de Simancas en Gijón, el Alcázar de Toledo o el santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Esta España controlada por los sublevados era en general. la España interior, rural, de formas sociales más retardatarias, de grandes y medianos propietarios agrarios, y con extenso proletariado agrario también.

De los lugares donde ha triunfado la sublevación parten las ofensivas de las tropas rebeldes, a hacer lo que la propaganda nacional, llamó la Reconquista, para tomar las ciudades en manos de la República o a liberar los lugares en manos de los rebeldes asediados por las tropas gubernamentales, como son los casos del sitio de Oviedo y del Alcázar toledano.

En la zona sublevada la muerte en accidente de aviación del que iba ser el jefe de la rebelión, el general Sanjurjo, provocó que los generales sublevados decidieron crear el jueves 23 de julio una Junta de Defensa Nacional, que quedaría constituida al día siguiente en Burgos, y que estaría integrada por los generales Miguel Cabanellas, que fue nombrado presidente de la Junta por ser el general más antiguo entre los sublevados, Andrés Saliquet, Miguel Ponte, Emilio Mola y Fidel Dávila, además del coronel Federico Montaner y el coronel Moreno Calderón. En el Decreto nº 1 que publicó la Junta se establecía que esta asumía todos los poderes del Estado y que representaría al país ante los poderes extranjeros, aunque en las semanas siguientes ningún país la reconoció y siguió considerando como gobierno legítimo de España al de Madrid presidido por el republicano de izquierda José Giral. El 27 de julio de 1936 llegó a España el primer escuadrón de aviones italianos enviado por Benito Mussolini.

Las fuerzas republicanas, por su parte, consiguen sofocar el alzamiento en más de la mitad de España, incluyendo todas las zonas industrializadas, gracias en parte a la participación de las milicias recién armadas de socialistas, comunistas y anarquistas, así como a la lealtad de la mayor parte de la Guardia de Asalto y, en el caso de Barcelona, de la Guardia Civil. El gobernador militar de Cartagena, Toribio Martínez Cabrera, era simpatizante del Frente Popular y la marinería también era contraria al golpe militar, lo que unido a los tumultos populares de los días 19 y 20 hicieron fracasar el movimiento golpista en la base naval de Cartagena y el resto de la provincia de Murcia.

La zona fiel a la República ocupa grosso modo la mitad este de la Península, la parte oriental de Aragón menos las tres capitales, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía oriental menos la ciudad de Granada, Madrid, Castilla la Nueva y La Mancha. En el oeste controlaba las provincias de Badajoz y de Huelva. Aislada de esta zona quedaba la franja cantábrica formada por Asturias ( menos Oviedo y Gijón, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. El territorio leal era superior en extensión al rebelde y se trataba, por lo general, de las zonas de España socialmente más evolucionadas, con importante población urbana, más industrializadas y con núcleos de obrerismo modernos organizados.

Así pues, el resultado del levantamiento era incierto pues tuvo éxito en unos sitios y fracasó en otros, por lo que España quedó dividida en dos zonas, una controlada por los militares que se habían alzado contra la República la zona sublevada y otra que permaneció fiel al gobierno la zona republicana. Aproximadamente un tercio del territorio español había pasado a manos rebeldes, con lo que ninguno de los dos bandos tenía absoluta supremacía sobre el otro. La intentona de derrocar de un golpe a la República había fracasado estrepitosamente. Ambos bandos se prepararon para lo inevitable, un enfrentamiento que iba a desangrar España durante tres largos años. La guerra civil española acababa de empezar.