1. El aislamiento internacional y la legitimación monárquica
(1.946-1.947)
Los cambios cosméticos y la campaña y la actividad desplegada para
convencer al mundo de que el franquismo no había tenido nada que ver con las
potencias fascistas derrotadas en la guerra, no surtieron ningún efecto
inmediato. El 20 de noviembre de 1.945, el embajador norteamericano
abandonaba Madrid, y el ostracismo efectivo del régimen franquista se inició
el 28 de febrero de 1.946, cuando el gobierno francés cerró la frontera con
España como protesta por las ejecuciones de diez guerrilleros, entre ellos
Cristino García, héroe de la Resistencia que había luchado contra la
ocupación nazi. Cuatro días después una declaración conjunta de Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia, promovida por esta última, expresaba su
repudio del franquismo y su confianza en que españoles patriotas y de
espíritu liberal encontrarán los medíos para conseguir una pacífica retirada
de Franco y el retorno a la democracia.
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Indicé |
Una primera prueba de lo que significaba el aislamiento internacional fue
la exclusión de España de las negociaciones para restablecer la
administración internacional de Tánger, que España había ocupado
militarmente durante la mayor parte de la Segunda Guerra
Mundial. Al mismo tiempo la cuestión de las sanciones a imponer al régimen
franquista fue debatida en la ONU a lo largo de ese año, 1.946, siempre
con la negativa de Gran Bretaña y de Estados Unidos a acordar medidas
económicas o militares. Finalmente, el 12 de diciembre de 1.946, la
Asamblea General de la ONU acordó por 34 votos a favor, seis en contra y
trece abstenciones, la condena del régimen franquista en los siguientes
términos. La Asamblea General recuerda que, en mayo y junio de 1.946, el Consejo de
Seguridad efectuó una investigación sobre las posibles medidas ulteriores
que habrían de adoptar las Naciones Unidas acerca de España. El subcomité
del Consejo de Seguridad encargado de dicha investigación resolvió por
unanimidad:
a) Por su origen,
naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es
un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la
ayuda de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini.
b) Durante la larga lucha de las
Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó ayuda muy
considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de
los aliados.
El subcomité estableció de forma incontrovertible y con pruebas
documentales que Franco era culpable, en unión de Hitler y Mussolini, de
conspirar para el desencadenamiento de la guerra contra aquellos países
que en el curso de la contienda se agruparon bajo el nombre de Naciones
Unidas. La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de
Franco en España, que le fue impuesto a la fuerza al pueblo español, y con
su continuado dominio de España hace imposible que este pueblo participe
con los de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales. Recomienda
que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos
internaciones creados por las Naciones Unidas hasta que se forme en España
un gobierno nuevo y adecuado. La Asamblea General recomienda que, si
dentro de un plazo razonable, no se estableciese en España un Gobierno
cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la
libertad de expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes
elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre
de intimidación, el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar
tal situación. Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente los embajadores y
ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid. La recomendación de la retirada inmediata de los embajadores mientras no
se implantase en España un Gobierno cuya autoridad emane del
consentimiento de los gobernados fue aplicada por la gran mayoría de los
países, con la excepción de la Santa Sede, Portugal, Irlanda, Suiza y la
Argentina de Juan Perón. Anticipándose a la previsible condena de la ONU, el régimen franquista
organizó el 9 de diciembre de 1.946, una gran manifestación de indignación
nacional en la Plaza de Oriente de Madrid bajo el lema Franco sí,
comunismo no. Desde el balcón principal del Palacio Real el Caudillo se
dirigió a la multitud y atribuyó el aislamiento del régimen a una conjura
de la masonería y el comunismo:
Cuando una ola de terror comunista asola a Europa y las violaciones, los
crímenes y las persecuciones del mismo orden de muchas de las que vosotros
presenciasteis o sufristeis presiden la vida de las naciones ayer
independientes, en la mayor de las impunidades, no debe extrañarnos que
las hijos de Giral y de la Pasionaria encuentren tolerancias en el
ambiente y apoyo en los representantes oficiales de aquellos desgraciados
pueblos. Además el mismo día que la Asamblea General de la ONU condenaba al
régimen, las Cortes franquistas aprobaban acuñar nuevas monedas con la
efigie de Franco con la leyenda. Francisco Franco Caudillo de España por
la Gracia de Dios. Otra vía para hacer frente al aislamiento fue buscar el apoyo
internacional de los círculos católicos y anticomunistas en todo el mundo.
En Washington José Félix de Lequerica organizó un lobby posfranquista,
coordinado por el abogado Charles P. Clark e integrado por políticos,
militares, empresarios y activistas católicos conservadores y
anticomunistas. Para atraerse a los países latinoamericanos se creó en
diciembre de 1945, el Instituto de Cultura Hispánica y entre aquéllos
encontró el apoyo de la Argentina de Perón que no sólo no retiró a su
representante en Madrid y lo elevó al rango de embajador sino que su ayuda
económica resultó muy importante para la supervivencia del régimen. Dos
meses antes de la condena formal por la ONU Juan Domingo Perón ya había
concedido una línea de crédito a España que permitió que pudiera importar
400.000 toneladas de trigo argentino y al año siguiente, tras la visita de
Eva Duarte de Perón Evita a España en junio, otra por valor de 750
millones de dólares, a la que se sumó el llamado Protocolo Franco-Perón
firmado en abril de 1948, un convenio por el que Argentina se comprometió
a abastecer a España con 300.000 toneladas de trigo y a subsanar los
déficits de grano que se produjeran entre 1.949 y 1.951, además de
suministrar maíz y aceite comestibles. Otra estrategia de la política
exterior franquista para romper el aislamiento fue ponerse del lado de los
países árabes en el conflicto que mantenían por Palestina con los judíos
allí asentados que reclamaban un Estado propio. Sin embargo, la estrategia principal del franquismo para sobrevivir fue
buscar la legitimación monárquica. Así, en marzo de 1.947, se dio a
conocer la crucial Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado quinta ley
fundamental, en cuyo artículo 1° se definía la forma del régimen político
español como un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo
con su tradición, se declara constituido en Reino. El artículo 2° otorgaba
de modo vitalicio la Jefatura del Estado al Caudillo de España y de la
Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos fórmula que reunía todas las
legitimidades carismáticas de su poder: el partido, la Iglesia y el
Ejército, convirtiendo así a Franco en regente de hecho y de por vida en
esta monarquía sin rey o monarquía nominal que había proclamado el
artículo anterior. El artículo 6° confería a Franco el derecho a designar
sucesor a título de Rey o de Regente en cualquier momento y con plena
capacidad de revocación de su decisión. Finalmente, la ley creaba dos
nuevos órganos del Estado, el Consejo de Regencia que actuaría en caso de
que Franco muriera sin haber designado sucesor, y el Consejo del Reino,
como órgano asesor superior del Jefe del Estado en los asuntos y
resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. Así pues, la
Monarquía no sería restaurada sino instaurada en las persona de la realeza
que el general Franco decidiera, convertido así su sucesor en un títere
del dictador y de sus herederos políticos. El contenido de la Ley de Sucesión fue conocido por don Juan de Borbón
antes de que se promulgase gracias a la entrevista que mantuvo con el
enviado de Franco, Luis Carrero Blanco. Al no hacerse mención a ningún
derecho dinástico de sucesión, la respuesta de don Juan no se hizo esperar
en forma de una nueva declaración el Manifiesto de Estoril del 7 de abril
de 1.947, en la que rechazó la Ley y defendió los derechos hereditarios de
sucesión al trono, que recaían en su persona. Este mensaje no se hizo
público en España, donde la prensa lanzó una campaña contra el
pretendiente. El Manifiesto de Estoril denunciaba que la ley trataba de
convertir en vitalicia una dictadura personal y de disfrazar con el manto
glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio gubernativo, y
afirmaba el supremo principio de legitimidad que recaía en don Juan y los
imprescriptibles derechos de soberanía que la providencia de Dios ha
querido que vinieran a confluir en él. A continuación don Juan se mostraba
dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e
incondicional transmisión de poderes. El Manifiesto de Escorial se basó en
las Bases institucionales de la Monarquía Española, también conocidas como
Bases de Estoril, hechas públicas dos meses antes, en las que se defendía
un modelo de Monarquía tradicional basada en la Religión católica, la
unidad sagrada de la Patria y la Monarquía representativa y con unas
Cortes orgánicas corporativas y por tanto no democráticas. Como ha señalado Paul Preston, a partir de la promulgación de la Ley de
Sucesión, Franco actuó al modo de un monarca en el recientemente
proclamado reino de España y tomó para sí las prerrogativas reales hasta
el punto de crear títulos nobiliarios. El general José Moscardó, por
ejemplo, recibió el título de conde del Alcázar de Toledo.
Para buscar la legitimidad democrática del régimen, la ley fue primero
aprobada por las Cortes el 7 de junio, y luego sometida a referéndum el 6 de
julio de 1.947, produciéndose una altísima participación y el voto
afirmativo del 93 % de los votantes como resultado de la propaganda oficial
la única que se permitió y de otras medidas de presión por ejemplo, la
presentación y sellado de la cartilla de racionamiento como forma de
identificación electoral. Por otro lado, la Falange no vio con buenos ojos
la Ley de Sucesión, ya que en ella predominaban los sentimientos
antiborbónicos o prorrepublicanos y la consideraban una concesión a los
sectores conservadores.
2. Fin del aislamiento, derrota de la oposición y consolidación del régimen
(1.947-1.950)
A finales de 1.947, se produjeron las primeras pruebas de que la actitud
de las potencias occidentales hacia el régimen de Franco comenzaba a
cambiar, al producirse la ruptura en dos bloques entre los antiguos
aliados de la II Guerra Mundial el mundo libre frente a la dictadura
comunista , como lo expresó el presidente norteamericano Harry Truman.
Así, el estallido de la guerra fría acabó favoreciendo al general Franco,
al tener España un nuevo valor estratégico para el bloque del mundo libre
ante un posible ataque soviético sobre Europa Occidental. En noviembre de
1.947, Estados Unidos se oponía con éxito en la ONU a una nueva condena
del régimen de Franco y a la imposición de nuevas sanciones. Cuatro meses
después, Francia volvía a reabrir la frontera con España, y entre mayo y
junio de 1.948, se firmaban sendos acuerdos comerciales y financieros con
Francia y con Gran Bretaña. A principios de 1.949, el régimen franquista
recibía el primer crédito concedido por un banco norteamericano con la
aprobación de su gobierno por valor de 25 millones de dólares. Poco antes
había visitado España el presidente del comité de las Fuerzas Armadas del
Senado norteamericano. El proceso de rehabilitación de la dictadura franquista se completó
formalmente en 1.950, después de que en junio de ese año estallara la
guerra de Corea, la primera gran confrontación de la guerra fría. Nada más
conocerse la noticia de la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte,
el gobierno español se apresuró a enviar una nota al gobierno
norteamericano en la que decía. España desearía ayudar a Estados Unidos a
detener el comunismo enviando fuerzas a Corea. El gobierno norteamericano
se limitó a dar las gracias pero al mes siguiente el Senado, a propuesta
del senador demócrata Pat McCarran miembro del Spanish Lobby creado por
Lequerica, autorizó al Export-Import Bank a conceder a España un crédito
de 62,5 millones de dólares. El 4 de noviembre de 1.950, la Asamblea
General de la ONU revocó por amplia mayoría gracias al apoyo
norteamericano y a la abstención francesa y británica la resolución de
condena del régimen franquista de diciembre de 1.946, votaron a favor 38
países, 10 votaron en contra y 12 se abstuvieron. Así en los meses
siguientes regresaron a Madrid los embajadores occidentales y se aprobó la
entrada de España en los organismos internacionales especializados de la
ONU. La rehabilitación internacional del régimen franquista y la aprobación en
referéndum de la Ley de Sucesión en julio de 1.947, debilitó hasta tal
punto a la opción monárquica, que don Juan de Borbón cambió de estrategia
respecto a Franco y el 25 de agosto de 1.948, se entrevistó con el
Generalísimo en su yate Azor anclado en el golfo de Vizcaya. Como
resultado de la misma se acordó que el hijo de don Juan, Juan Carlos de
Borbón, se educaría en España bajo la tutela del general Franco el 7 de
noviembre el príncipe, de 10 años de edad, llegaba a España. La entrevista
había sido promovida por los monárquicos colaboracionistas, como el duque
de Sotomayor y Julio Danvila, y a la misma el general se hizo acompañar
por el infante Jaime de Borbón, hermano mayor de don Juan, quizá como
recordatorio de que había recambios en la pugna por la restauración de la
Monarquía. El acuerdo alcanzado entre Franco y don Juan que suponía un
reconocimiento implícito de la legitimidad del régimen franquista dejó sin
efecto el acuerdo formalizado en San Juan de Luz tres días después entre
José María Gil Robles, en representación de los monárquicos juanistas no
colaboracionistas de la Confederación de Fuerzas Monárquicas, e Indalecio
Prieto, en representación de una parte de la oposición republicana, en el
que habían acordado luchar conjuntamente para derribar a la dictadura
franquista tras lo cual se formaría un gobierno provisional que convocaría
un plebiscito para decidir el régimen político definitivo, republicano o
monárquico. Las conversaciones habían comenzado bajo los auspicios del
gobierno laborista británico, concretamente de Ernest Bevin, secretario
Foreign Office, que había reunido el 17 de octubre de 1.946, a Gil Robles
y a Prieto en Londres para impulsar la transición a la democracia en
España. Poco tiempo después del fiasco del acuerdo de San Juan de Luz,
Indalecio Prieto dimitió como presidente del PSOE. Mi fracaso es completo,
reconoció, siendo sustituido por Rodolfo Llopis. En julio de 1.951, don
Juan escribió una carta a Franco en la que rechazaba la colaboración de
los monárquicos con los socialistas y en la que le decía:
Pongámonos de acuerdo para preparar un régimen estable. Aunque Franco
hizo caso omiso de la propuesta, don Juan proseguiría el acercamiento al
franquismo durante la década de los años 1.950, entrevistándose en secreto
con el general Franco en una finca extremeña propiedad del conde de
Ruiseñada a finales de 1.954.
Por su parte, la oposición republicana, ante el reconocimiento
internacional del franquismo, se quedó sin argumentos, y la actividad
guerrillera decayó. Los comunistas abandonaron la guerrilla por completo
en 1.952, mientras que los anarquistas aún llevarían a cabo acciones
esporádicas hasta 1.963. Así pues, desde 1.949, y hasta la década de los
sesenta, la oposición antifranquista interna y del exilio vivió su
travesía del desierto. Los intentos de reconstrucción de los partidos y de
las organizaciones obreras en la clandestinidad fueron abortados por la
policía, como le sucedió a la CNT en 1.953, cuando su Comité Nacional en
el interior, presidido por Manuel Vallejo, fue detenido, al PSOE cuando
ese mismo año fue apresado Tomás Centeno, presidente de la comisión
ejecutiva del interior, que murió durante los interrogatorios policiales o
al PSUC, cuando su líder Joan Comorera fue detenido en 1.954, y condenado
por un consejo de guerra a treinta años de prisión, muriendo en la cárcel
en 1.958. Ese año era detenido y encarcelado el socialista Antonio Amat
Guridi, sucesor de Tomás Centeno al frente del comité ejecutivo del
interior del PSOE. Desde finales de 1.948, Franco supo que ya ningún peligró esencial
pondría en cuestión su mando, una vez había sido domesticada la oposición
monárquica con el príncipe Juan Carlos ya en España, derrotadas las
guerrillas, desahuciada la oposición republicana en el exilio y decapitada
en el interior, y había sido roto el aislamiento internacional de su
régimen. Un síntoma de que el régimen franquista ya se sentía seguro fue
el nombramiento en 1.948, de un secretario general para el partido único
ahora llamado el Movimiento , cargo que desde 1.945, permanecía vacante;
otro fue que el 7 de abril de 1.948, se puso fin al estado de guerra que
había existido desde principios de la guerra civil, aunque los tribunales
militares seguirían ocupándose de los delitos políticos en virtud de la
Ley de Bandidaje y Terrorismo aprobada el año anterior.
3. El franquismo de 1.951 a 1.959
Integración en el bloque occidental y esplendor del nacional-catolicismo
(1.951-1.955)
Como ha señalado Enrique Moradiellos, como resultado de los cambios
institucionales internos y de la rehabilitación internacional, al doblar
la década de los cincuenta el régimen franquista esta plenamente
consolidado. Sin embargo, en 1.951, volvió la protesta obrera a
consecuencia de las penosas condiciones laborales y el incremento de los
precios. El epicentro fue Barcelona y el desencadenante la notable subida
del precio de los billetes de los tranvías, que fue respondida el 1 de
marzo por un boicot por parte de la población que se prolongó varios días
y que acabaría logrando la anulación de la medida. El éxito del boicot
forma segura de protesta que no implicaba riesgo personal fue seguido de
una huelga bastante generalizada en el área industrial de Barcelona en
contra del alza del coste de la vida. Al principio la reacción de la
policía fue débil el gobernador civil acabaría siendo sustituido por ello
y el Capitán General de Cataluña, el monárquico Juan Bautista Sánchez se
negó a sacar las tropas a la calle, aunque durante los días siguientes se
aplicaron medidas de fuerza y los trabajadores volvieron a sus
ocupaciones. También se produjeron protestas y huelgas en otras ciudades,
como Zaragoza, Bilbao, Pamplona y Madrid. Esta agitación social obligó al general Franco a reaccionar, y el 18 de
julio nombró un nuevo gobierno que debería rectificar en parte la política
económica para asegurarse que la conflictividad social no se reproducía.
El nuevo consejo de ministros, sin embargo, siguió siendo un gabinete con
el predominio del catolicismo político Martin Artajo siguió al frente de
Asuntos Exteriores y Joaquín Ruiz Giménez se ocupó de Educación. En él,
por fin, entró Carrero Blanco, con el rango de ministro subsecretario de
la Presidencia del Gobierno. Además la secretaría general del Movimiento
Nacional recuperó el rango ministerial, cargo que detentaba el falangista
camisa vieja Raimundo Fernández Cuesta. Después de largas negociaciones, que por parte española fueron llevadas
por dos políticos católicos el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto
Martín-Artajo, y el embajador ante la Santa Sede, Fernando María
Castiella, se llegó al acuerdo sobre un nuevo Concordato con la Iglesia
Católica, que sustituyera al de 1.851, y que la II República había dejado
sin efecto. Su firma, que tuvo lugar en Roma a donde acudió Martín Artajo,
supuso un paso de vital importancia en el reconocimiento internacional del
régimen y además la ratificación del predominio que el franquismo había
concedido a la Iglesia Católica a cambio de su identificación total con el
régimen. En realidad el Concordato lo que hacía era ratificar el statu quo
ya existente entre la Iglesia y el Estado desde la guerra civil y,
especialmente, desde 1.945, con la hegemonía del «nacionalcatolicismo. A
partir de la firma del Concordato, como ha señalado Enrique Moradiellos,
el triunfo nacionalcatolicismo fue definitivo e incontestable,
convirtiéndose en la ideología oficial del Estado y el patrón normativo de
la conducta moral, pública y privada, del conjunto de la sociedad
española. Un hito en la identificación de la Iglesia Católica con el
régimen franquista lo había constituido el XXXV Congreso Eucarístico
Internacional, que reunió en Barcelona en mayo de 1.952, a cientos de
miles de católicos. Durante el mismo el cardenal Spellman, cabeza de la
Iglesia norteamericana y gran amigo del papa Pío XII, llegó a afirmar:
Todo el mundo en España quiere a Franco. Por otro lado, a partir de la
firma del Concordato en todas las misas se elevarían preces por nuestro
Caudillo Francisco. Las negociaciones con Estados Unidos para la instalación de bases
norteamericanas en territorio español a cambio de una ayuda económica y
militar, comenzaron en abril de 1.952, en julio del año anterior el
almirante Jefe de Operaciones de la Marina norteamericana ya se había
entrevistado con Franco en Madrid alcanzando un principio de acuerdo para
la colaboración militar entre los dos países. La delegación norteamericana
estuvo encabezada por el general August Kissner, por George Traine y por
el embajador en Madrid Stanton Griffis y la española por el general Juan
Vigón. Las reticencias norteamericanas iniciales a que el acuerdo
supusiera un respaldo político a Franco, fueron superadas tras la elección
del nuevo presidente Dwight Eisenhower quien nombró como embajador en
Madrid a James Dunn, que se mostró menos inflexible que su antecesor para
aceptar las condiciones que pedía el gobierno español. Finalmente se firmó
el acuerdo el 23 de septiembre de 1.953, en el palacio de Santa Cruz, sede
del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero éste no tuvo el rango de
tratado, como pedía el gobierno español, sino de pacto ejecutivo entre
gobiernos agreement. Para que fuera un tratado hubiera sido necesaria la
aprobación del Senado, algo imposible de conseguir ya que la mayoría de
miembros se negaba a apoyar a la dictadura de Franco. Los llamados Pactos de Madrid constaban de tres acuerdos: el primero se
refería a los suministros de material de guerra que Estados Unidos iba a
proporcionar a España; el segundo se ocupaba de la ayuda económica, que
incluía la concesión de créditos; el tercero, y más importante, era el que
se refería a la ayuda para la defensa mutua, que consistía en el
establecimiento de cuatro bases militares norteamericanas en territorio
español. De esta forma España quedaba incorporada al sistema de defensa
occidental, pero sin acceder a la toma de decisiones al ser vetado su
acceso a la OTAN que acababa de fundarse en 1.949. Las bases estaban
teóricamente bajo la soberanía conjunta de España y de Estados Unidos,
pero existía un acuerdo secreto adicional, por el que Estados Unidos podía
decidir unilateralmente cuándo utilizarlas en caso de en caso de evidente
agresión comunista que amenace la seguridad de Occidente. Por otro lado,
se almacenó armamento atómico en ellas, a pesar de las protestas de las
autoridades franquistas.
Con los Pactos de Madrid, el franquismo, tanto en el interior como en el
exterior, quedó fortalecido, aunque considerados en un plano más realista,
los acuerdos corroboraban la situación de mera dependencia española
respecto a su valedor interesado, Estados Unidos que siempre consideró a
la España franquista como un aliado menor. Después del acuerdo de la Asamblea General de 1.950, España pudo
integrase progresivamente en los organismos especializados de la ONU. El
primero fue la Organización Meteorológica Mundial, al que siguieron la
FAO, la OMS y la UNESCO. Sin embargo para la ingreso en la ONU como
miembro de pleno derecho hubo que esperar a diciembre de 1.955, lo que fue
posible gracias al deshielo que se produjo en las relaciones entre los dos
bloques tras la muerte de Stalin en 1953, ya que se abrió paso la idea de
una ampliación de la ONU, para admitir a aquellos países que figuraron en
el bando perdedor de la Guerra Mundial o fueron neutrales, y que ahora
estaban alineados junto a una u otra superpotencia, que era el caso de
España. Así el 8 de diciembre de 1.955, la Asamblea General de la ONU
admitió a 18 nuevos miembros, entre ellos España, junto con Italia,
Portugal, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Austria y otros diez países
más. No hubo ningún voto en contra y sólo dos abstenciones, México y
Bélgica. Era el final del aislamiento del franquismo.
4. Las crisis de 1.956
El nuevo ministro de Educación nombrado en 1.951, el católico Joaquín
Ruiz Giménez, intentó llevar adelante una cierta apertura en el ámbito
educativo y cultural, rodeándose para ello de un equipo de jóvenes
intelectuales procedentes de Falange: Pedro Laín Entralgo, rector de la
Universidad de Madrid; Antonio Tovar, rector de Universidad de Salamanca,
y Torcuato Fernández Miranda, rector de la Universidad de Oviedo y que
pasó a ocupar la subsecretaría del ministerio. Uno de sus mayores logros
fue la rehabilitación oficiosa del filósofo José Ortega y Gasset, que
volvió a España desde el exilio. Murió en 1.955, y su entierro fue
presidido por el propio ministro Ruiz Giménez. Sin embargo, el también
católico Rafael Arias Salgado, que desde el nuevo ministerio de
Información y Turismo estaba llevando a cabo una política integrista, dio
consignas a la prensa para que destacase la escasa religiosidad de Ortega
y algún obispo, incluso, se refirió al hedor masónico que exudaba su
cadáver. Otro resultado de la política de Ruiz Giménez fue la revista
Alcalá, fundada en 1.952, en la que escribieron además de Laín Entralgo y
Tovar, Dionisio Ridruejo, Xavier Zubiri o José Luis López
Aranguren. El clima de apertura iniciado por Ruiz Giménez propició que se formaran
los primeros grupos estudiantiles de oposición. Una de sus primeras
iniciativas fue la celebración de los Encuentros entre la Poesía y la
Universidad organizados por el estudiante Enrique Múgica Herzog, que
consiguió que fueran patrocinados por el Aula de Cultura del SEU, y en los
que participaron los poetas Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Gerardo
Diego, Luis Felipe Vivanco y José Hierro. El éxito de los Encuentros animó
a sus promotores a organizar un Congreso de Escritores Jóvenes, para que
sirvieran para que los jóvenes universitarios intercambiasen sus ideas con
alguna comodidad, dando ocasión a un diálogo que les esclareciera mejor
que a un silencio que les envenenara, tal como dejó escrito Ridruejo en
sus Memorias. Encontraron el apoyo entusiasta del rector de la Universidad
de Madrid Laín Entralgo y del ministro Ruiz Giménez, pero finalmente el
Congreso no llegó a celebrarse porque fue prohibido por el ministro de la
Gobernación Blas Pérez González, ya que según un informe elaborado por la
Dirección General de Seguridad estaba organizado por dos grupos
antifranquistas, uno comunista encabezado por Múgica Herzog y del que
formaban parte el ateo Ramón Tamames, el también ateo y comunistoide
Javier Pradera o el ateo rabioso y blasfemo recalcitrante Fernando Sánchez
Dragó y otro institucionista liberal dirigido por Javier Muguerza e
inspirado por el filósofo Julián Marías. Por su parte los falangistas quisieron dejar patente su poder y unidad
frente al ascenso de los católicos y en octubre de 1.953, reunieron en
Madrid el Primer Congreso Nacional del Movimiento, en el que intervinieron
además del ministro-secretario general Fernández Cuesta, otros destacados
camisas viejas como José Antonio Girón, ministro de Trabajo, que hicieron
referencia a la Revolución Nacional. Así se aprobó una declaración en la
que se decía que la Falange no consentiría bajo ningún pretexto la
ilegítima actuación de camarillas que pretendan mermarle su condición de
única inspiradora del Estado y, consiguientemente, la autoridad de su Jefe
y Caudillo. Pero en el multitudinario acto de clausura el Generalísimo
Franco puso límites a esos propósitos. La Falange está por encima de las
contingencias. flanqueando y respaldando la fuerza constituyente de
nuestro Ejército. A pesar de ello entre los sectores más radicales de
Falange ligados al SEU y al Frente de Juventudes se fue extendiendo el
rechazo a la futura Monarquía como se puso de manifiesto en el verano de
1.955, durante la visita de Juan Carlos de Borbón a un campamento del
Frente de Juventudes, siendo recibido con la siguiente cancioncilla el
delegado nacional de Juventudes José Antonio Elola-Olaso fue cesado de
forma fulminante por Franco a raíz de otro incidente similar que tuvo
lugar durante el funeral por José Antonio Primo de Rivera celebrado el 20
de noviembre de 1.955, en El Escorial presidido por Franco y durante el
cual se oyó el grito.
No queremos reyes idiotas.
¡Viva, viva la Revolución!
¡Viva, viva Falange de las JONS!
¡Muera, muera, el capital!
¡Viva, viva el Estado Sindical!
Que no queremos reyes idiotas
que no sepan gobernar.
Implantaremos, porque queremos
el Estado Sindical
¡Abajo el Rey!
A pesar de la suspensión del Congreso de Escritores Jóvenes el activismo
estudiantil continuó y el 16 de enero de 1.956, celebraron un reunión en
el círculo cultural Tiempo Nuevo, de Madrid, en la que elaboraron un
manifiesto, que llegó a conseguir 3.000 firmas de apoyo, en el que pedían
la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes, cuyos delegados
serían elegidos al margen del SEU. Los estudiantes falangistas
reaccionaron asaltando violentamente la Facultad de Derecho. Poco después,
el 9 de febrero, se produjeron nuevos incidentes violentos en la
Universidad de Madrid como resultado del enfrentamiento entre estudiantes
que se estaban manifestando a favor de elecciones libres al SEU y un grupo
de falangistas que venían de celebrar la ceremonia anual del Día del
estudiante caído. Como resultado de la reyerta hubo un estudiante
falangista gravemente herido de un balazo en el cuello probablemente por
disparo de uno de sus compañeros, que iban armados. El clima de crisis se
extendió rápidamente se habló de que los falangistas estaban preparando
una noche de los cuchillos largos y la policía procedió a detener a los
responsables de la convocatoria de la asamblea de estudiantes que, para su
sorpresa, resultaron ser algunos de ellos antiguos falangistas e hijos de
personalidades del régimen. La gravedad de la crisis la primera crisis interna de envergadura a la
que tuvo que enfrentarse el Régimen desde 1.942, la pusieron de manifiesto
las dos medidas que tomó inmediatamente el general Franco. El 11 de
febrero decretaba por primera vez desde su promulgación la suspensión de
los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, y la Universidad de
Madrid era cerrada. El 16 de febrero destituía a los dos ministros
responsables de los hechos, a Ruiz Giménez y a Fernández Cuesta,
ministro-secretario general del Movimiento del que dependía el
SEU. Los acontecimientos de febrero de 1.956, demostraban que, después de 15
años, el Régimen estaba perdiendo el control de la juventud en las
universidades más importantes, donde antes había tenido un apoyo limitado
o, al menos, no había resistencia, y constituyeron el primer atisbo de un
renacimiento de la oposición interna, que procedía no de la República,
sino de una nueva generación que había crecido bajo el Régimen en los años
50, y que comenzaba a organizarse como oposición a la dictadura franquista
sin que importara el campo en que hubieran militado ellos mismos o sus
padres durante la guerra civil. Así pues, los sucesos de 1.956, marcaron
un punto de inflexión en el desarrollo del antifranquismo. Los comunistas fueron los primeros en captar ese nuevo hecho y antes que
ningún otro partido lo consagraron como estrategia oficial. Así en el
pleno del Comité Central del PCE celebrado en Praga en agosto de 1.956, en
el que también se apoyó la invasión soviética de Hungría, se aprobó la
nueva política de Reconciliación Nacional, que buscaba el entendimiento
con todas las fuerzas antifranquistas independientemente de en qué bando
hubieran combatido en la Guerra Civil. Sin embargo, la tarea no iba a
resultar sencilla, y tanto la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de
mayo de 1.958, como la Huelga Nacional Pacífica, del 18 de junio de 1.959,
convocadas por el PCE fueron un completo fracaso.
5. La crisis de 1.957
En marzo de 1.956, Francia otorgó la independencia a la zona de Marruecos
que estaba bajo su Protectorado, lo que obligó a hacer lo mismo un mes
después al gobierno español al producirse también en su protectorado
disturbios independentistas. En agosto del año siguiente, el nuevo Estado
de Marruecos reclamó también la soberanía sobre el enclave de Ifni, un
territorio en la costa atlántica marroquí bajo soberanía española que no
formaba parte del Protectorado, por lo que no fue cedido en el momento de
la independencia. Así en noviembre de 1.957, el territorio de Ifni fue
atacado por tropas irregulares marroquíes, pero el ejército español
consiguió repeler la agresión 62 soldados españoles murieron. También fue
atacada la colonia española del Sahara, siendo de nuevo rechazados los
asaltantes, aunque a costa de unas bajas mayores 241 militares españoles
muertos. La guerra de Ifni fue silenciada por la prensa y hasta febrero de
1.958, no se consiguió restablecer la normalidad en ambos territorios. En
el caso del Sahara se logró gracias a la entrada de tropas francesas desde
Mauritania a petición del gobierno español cuando España estaba a punto de
perder aquella guerra no declarada. Durante el conflicto el Ejército
español no pudo utilizar el material de guerra norteamericano entregado en
virtud de los Pactos de Madrid de 1.953, por la prohibición expresa de
Washington. Con su vuelta al gobierno tras la crisis de febrero de 1.956, el
falangista José Luis Arrese vio una oportunidad tal vez la última para
llevar adelante el viejo proyecto de institucionalizar el franquismo a
partir de reforzar los poderes del partido único falangista, y aminorar
así la orientación monárquica y católica que había predominado desde
1.945. Pero cuando en el otoño se conocieron los borradores de las tres
leyes fundamentales que estaba preparando la de Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional, la Orgánica del Movimiento Nacional y la de
Ordenación del Gobierno, se desató una gran oposición al proyecto en el
seno del Ejército, de la Iglesia Católica, del resto de familias del
régimen y del propio gobierno el almirante Carrero Blanco incluido, ya que
concedía unos enormes poderes al partido único, concretamente a su
Secretario General y a su Consejo Nacional aunque esos poderes sólo serían
realmente efectivos tras la muerte del general Franco, y por tanto sólo
afectarían a su sucesor. Lo que pretendía Arrese era, pues, construir un
auténtico Estado nacional-sindicalista que, tal como había dicho en una
concentración falangista celebrada en marzo de 1.956, en Valladolid,
colmara la insatisfacción de los falangistas porque muchas de nuestras
aspiraciones revolucionarias están pendientes de realizar y porque la
sociedad que nos circunda tiene mucho de injusta y mucho de sucia.
Los monárquicos franquistas tildaron el proyecto de totalitario y la
jerarquía eclesiástica lo denunció por estar en desacuerdo con las
doctrinas pontificias y por no tener raíces en la tradición española,
defendiendo, en cambio, que se promoviera una verdadera representación
orgánica en vez de una dictadura de partido único, como fue el fascismo en
Italia, el nacionalsocialismo en Alemania o el peronismo en la República
Argentina en diciembre de 1.956, tres cardenales, entre ellos el cardinal
primado Pla y Daniel, se entrevistaron con Franco en El Pardo para
entregarle una declaración en contra del proyecto de Arrese. Ante tal
cúmulo de presiones, y ante la prioridad que comenzó a dar a los problemas
económicos, el Generalísimo decidió en febrero de 1.957, archivar sine die
el proyecto de Arrese. Del mismo sólo vería la luz al año siguiente el
proyecto de Principios del Movimiento, pero totalmente
transformado. Para cerrar la crisis el Generalísimo Franco cambió el gobierno el 25 de
febrero, desplazando a Arrese al nuevo ministerio de la Vivienda y
nombrando como nuevo ministro secretario general del Movimiento a José
Solís Ruiz, coronel jurídico, responsable de la Organización Sindical
Española. Por otro lado, como en otros momentos de crisis, Franco se apoyó
en los militares y nombró ministros a ocho de ellos.
6. La Ley de Principios del Movimiento y el agotamiento del modelo
autárquico (1.957-1.959)
Ante el serio agravamiento de la situación económica, el almirante
Carrero Blanco convenció a Franco para nombrara en los Ministerios
económicos a dos técnicos que tenían en común pertenecer a un instituto
secular católico llamado Opus Dei Alberto Ullastres, que se haría cargo
del Ministerio de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, del de Hacienda.
Carrero Blanco había entrado en contacto con este grupo a través de un
joven catedrático de derecho, Laureano López Rodó, también miembro del
Opus Dei, al que Carrero acababa de nombrar para un alto cargo en su
ministerio, la Subsecretaría de la Presidencia. Estos tres políticos, como
los equipos que les acompañaron y los que les siguieron, procedían del
mundo católico antidemocrático y autoritario pero no accedían al gobierno
para ejecutar una política católica, sino que su objetivo era poner en
marcha un programa de racionalización y liberalización económica conectada
a una reforma de la Administración del Estado. Nada más constituirse el
gobierno en febrero de 1.957, López Rodó creó en la Presidencia del
Gobierno la Oficina de Coordinación y Planificación Económica OCYPE,
dirigida por él mismo y a la que pertenecían Ullastres y Navarro
Rubio. En cuanto a la reforma de la Administración se aprobaron dos importantes
leyes la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de julio
de 1.957, en la que no se mencionaba al Movimiento Nacional, y la Ley de
Procedimiento Administrativo, de julio de 1.958, que se completarían en
1.964, con la aprobación de Ley de Funcionarios Civiles del
Estado. Del viejo proyecto falangista de Arrese, sólo se hizo realidad el primer
anteproyecto de ley que preparó, aunque se trataba de una nueva versión
elaborada por Carrero Blanco y su equipo de tecnócratas encabezados por
López Rodó que compartían con él el proyecto de institucionalizar el
régimen franquista en forma de una monarquía tradicional y católica,
aunque defensora de una economía libre de mercado. Así, su redacción final
todavía estuvo más alejada de los 26 puntos de Falange. Fue promulgada por
el general Franco el 29 de mayo de 1.958, como caudillo de España,
consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y
constituyó la sexta ley fundamental del franquismo. En ella se definía al
Movimiento no como un partido o una organización, sino como una comunión
al modo carlista y el régimen franquista era caracterizado como una
monarquía tradicional, católica, social y representativa, un principio
permanente e inalterable por su propia naturaleza. Además se reiteraba la
confesionalidad Católica, Apostólica y Romana del Estado español y su
compromiso con la participación del pueblo en las tareas de gobierno a
través de la representación orgánica de las entidades naturales de la vida
social, familia, municipio y sindicato. A partir de 1.958, reaparecieron las huelgas que continuaban siendo un
delito, sobre todo en Asturias y en Cataluña, centradas en las
reclamaciones salariales ya que la inflación estaba provocando la caída de
los salarios reales. En particular, la minería de la hulla asturiana fue
escenario de recurrentes huelgas que aportaron un nuevo mecanismo de
representación obrera que iba a tener singular éxito en el futuro: la
comisión de obreros elegida entre los huelguistas, al margen los enlaces
sindicales y de los vocales jurados de empresa de la Organización Sindical
franquista, para plantear sus reclamaciones directamente a la dirección de
su empresa o a los patronos. La intensidad del movimiento huelguístico
asturiano fue tal que llevó a Franco a decretar el 14 de marzo de 1.958,
la segunda suspensión del Fuero de los Españoles y el estado de excepción
en la región por cuatro meses. Los años cincuenta se cerraron con dos acontecimientos bastante
importantes en la historia del franquismo, la inauguración el 1 de abril
de 1.959, 20 años después del final de la guerra civil del Valle de los
Caídos, el monumento conmemorativo del Generalísimo a su victoria en la
Guerra Civil y que iba a acoger sus restos cuando muriera; y la breve
visita a Madrid del presidente de los Estados Unidos, el general
Eisenhower, en diciembre de 1.959, nada menos que el excomandante en jefe
de los ejércitos aliados que habían derrotado a las potencias fascistas en
la II Guerra Mundial. Esta visita, según Moradiellos, probablemente
constituyó la apoteosis internacional de la dictadura de Franco.
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