martes, 2 de mayo de 2017

Posguerra Española " 1ª Parte "


El primer franquismo (1939-1959), fue la primera gran etapa de la historia de la Dictadura del general Franco comprendida entre el final de la Guerra Civil Española y el abandono de la política económica autárquica con la aplicación del Plan de Estabilización de 1959, que dio paso al franquismo desarrollista o segundo franquismo que duró hasta la muerte del Generalísimo. Se suele dividir en tres subetapas: la primera de 1939 a 1945 que se corresponde con la Segunda Guerra Mundial y durante la cual el régimen franquista experimentó un proceso de fascistización ya iniciado durante la guerra civil para asemejarse a la Alemania nazi y, sobre todo, a la Italia fascista y que se vio abortado por la derrota de las potencias del Eje; la segunda subetapa, de 1945 a 1950, constituyó el período más crítico de la historia de la dictadura franquista a causa del aislamiento internacional al que fue sometido y a la ofensiva de la oposición, pero los cambios cosméticos que introdujo y sobre todo el estallido de la guerra fría acabó reintegrándolo al bloque occidental anticomunista; la tercera etapa, de 1951 a 1959, ha sido llamada también el decenio bisagra1 por constituir una época intermedia entre estancamiento de los autárquicos años 1940 y la desarrollista de los años 1960, y que también ha sido caracterizada como la época del esplendor del nacional-catolicismo.

El franquismo de 1939 a 1945.

El proceso de fascistización, es decir, de adopción del ideario fascista y de sus formas específicas de organización política y social, siguiendo sobre todo el modelo de la Italia fascista, comenzó en plena guerra civil. Un primer paso fue la decisión del Generalísimo Franco de unificar las fuerzas políticas derechistas que habían apoyado la sublevación antirrepublicana, bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS. En el Decreto de Unificación de abril de 1937, se afirmaba que se constituía el Gran Partido del Estado, como en otros países de régimen totalitario, en referencia a la Italia fascista y a la Alemania nazi, para que sirviera de enlace entre la Sociedad y el Estado y para que divulgara en aquélla, las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad. Así, los símbolos del nuevo partido único fueron los del fascismo falangista, saludo con el brazo en alto y la mano extendida, el emblema del Yugo y las flechas, el canto del Cara al Sol, el uniforme de camisa azul, aunque con la boina roja carlista y también sus principios doctrinales, los 26 puntos programáticos de Falange, excluyendo, el 27, ya que decía, Nos afanaremos los falangistas por triunfar en la lucha con sólo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos poco. Sólo en el empuje final por la conquista del Estado gestionará el mando las colaboraciones necesarias, siempre que esté asegurado nuestro predominio, y ninguna de esas circunstancias eran las que se daban en 1937.

Asimismo, entre los dirigentes del nuevo partido único predominaron los falangistas sobre los carlistas. En julio de 1937, el Caudillo reconocía en una entrevista que la España nacionalista seguirá la estructura de los regímenes totalitarios, como Italia y Alemania, y así lo confirmó la constitución en octubre de 1937 del Consejo Nacional de Falange remedo del Gran Consejo Fascista de Italia, cuyos 50 miembros fueron nombrados por el Generalísimo.

El 30 de enero de 1938, el mismo día que formó su primer gobierno, el Generalísimo promulgó la Ley de Administración Central del Estado que sancionó el sistema totalitario de partido único que se estaba construyendo en la zona sublevada y le confirió a él mismo un poder prácticamente absoluto al establecer uno de sus artículos que le correspondía la suprema potestad de dictar normas jurídicas de interés general. Esta ley, junto con la que promulgó en agosto de 1939, constituyó el fundamento jurídico de la su larga dictadura.

Otro paso decisivo en el proceso de fascistización fue la aprobación el 6 de marzo de 1938, del Fuero del Trabajo, la primera ley fundamental del franquismo, y en el cual era evidente la influencia de la Carta del Lavoro del fascismo italiano, promulgada por Mussolini en 1927. En el Fuero del Trabajo, que dio nacimiento oficial al nacionalsindicalismo, se incluía una declaración de principios resueltamente fascista.

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una acción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de canalizar con aire militar, constructivo y gravemente religioso la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez y para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.


Alineamiento con el Eje y aceleración de la fascistización (1939-1942).

Tras el final de la guerra civil se acentuaron los vínculos con los regímenes fascistas y se aceleró el proceso de fascistización. El 7 de abril de 1939, sólo una semana después de la emisión del último parte de la Guerra Civil Española el general Franco anunciaba la adhesión al Pacto Antikomintern que habían suscrito Alemania, Italia y Japón y poco después el abandono de la Sociedad de Naciones.

El general Franco se instaló en el palacio de El Pardo con toda la pompa y ceremonial dignos de la realeza incluyendo a la exótica Guardia Mora, y desde allí el 8 de agosto promulgó la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, que reafirmaba sus poderes extraordinarios como Caudillo invicto y providencial le correspondía la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general y detentaba de modo permanente las funciones de gobierno. Al día siguiente nombraba su segundo gobierno, de nuevo integrado por personalidades de todas las familias políticas de la coalición derechista vencedora en la guerra civil pero con la influencia determinante de los fascistas de Falange, ya que el hombre fuerte del gobierno era el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, que acababa de ser nombrado por Franco Jefe de la Junta Política de FET y de las JONS y además ocupaba la cartera de la Gobernación, el Ministerio clave, ya que desde él controlaba toda la prensa y el aparato de propaganda.

Cuando se inició la II Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, el general Franco se vio obligado a proclamar la más estricta neutralidad de España debido a las precarias condiciones económicas por las que atravesaba el país tras una guerra civil que hacía sólo cinco meses que había terminado. Pero las victorias alemanas sobre Holanda, Bélgica y Francia en junio de 1940, y la entrada en la guerra de Italia del lado de Alemania el día 10, dieron un vuelco a la situación. Y así el 13 de junio de 1940, cuando los alemanes estaban a punto de entrar en París, el general Franco abandonaba la estricta neutralidad y se declaraba no beligerante, que era el estatuto que había adoptado Italia antes de entrar en la guerra. Al día siguiente las tropas españolas ocupaban Tánger, ciudad internacional que quedó incorporada de hecho al Protectorado español de Marruecos.

El 23 de octubre de 1940, Franco y Hitler mantuvieron una entrevista en Hendaya para intentar resolver los desacuerdos sobre las condiciones españolas para su entrada en la guerra del lado de las potencias del Eje. Sin embargo, después de siete horas de reunión Hitler siguió considerando desorbitadas las exigencias españolas, la devolución de Gibraltar tras la derrota de Gran Bretaña, la cesión del Marruecos francés y de una parte de la Argelia francesa a España más el Camerún francés que se uniría a la colonia española de Guinea Ecuatorial, el envío de suministros alemanes de alimentos, petróleo y armas para paliar la crítica situación económica y militar que padecía España. Así el único resultado de la entrevista fue la firma de un protocolo secreto en el que Franco se comprometía a entrar en la guerra en una fecha que él mismo determinaría y en el que Hitler garantizaba sólo vagamente que España recibiría territorios en África. Otro resultado fue que, cuando Hitler inició la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, el general Franco decidió enviar un contingente de soldados y oficiales voluntarios, unos 47.000 hombres, que seria conocido con el nombre de División Azul, por el color del uniforme falangista.

Al compás de los éxitos militares del Eje el régimen franquista aceleró su proceso de fascistización, bajo la inspiración y la dirección de Serrano Suñer, que acumuló también el Ministerio de Asuntos Exteriores, el aparato de propaganda del régimen se puso en manos del partido único, interviniendo en la gestión de los medios de la Iglesia, y creando una extensa red de prensa y radio estatal y falangista, se puso en marcha el encuadramiento y la movilización social a través de tres organizaciones sectoriales del partido, el Frente de Juventudes, el Sindicato Español Universitario SEU y la Sección Femenina, cuya finalidad era formar a la mujer con sentido cristiano y nacionalsindicalista, se creó un extenso entramado nacionalsindicalista, llamado Organización Sindical Española OSE, en el que estaban obligados a afiliarse todos los productores empresarios y trabajadores, bajo los principios de verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía y que estaba dominada por la burocracia falangista en palabras de uno de sus dirigentes falangistas, los sindicatos verticales no son instrumentos de lucha clasista. Ellos, por el contrario, sitúan como la primera de sus aspiraciones, no la supresión de las clases, que siempre han de existir, pero sí su armonización y la cooperación bajo el signo del interés general de la Patria.

El 17 de julio de 1942, el general Franco promulgaba su segunda ley fundamental, la Ley Constitutiva de las Cortes, como órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado y ámbito para el contraste de pareceres, dentro de la unidad del régimen, pero que no tenían ninguna capacidad legislativa, sino meramente consultiva.17 Sin embargo, la reunión de las Cortes no se haría efectiva hasta febrero del año siguiente, cuando se comenzó a confirmar el cambio en el signo de la guerra mundial, tras la derrota nazi en la batalla de Stalingrado.


Paralización de la fascistización y vuelta a la neutralidad (1942-1945).

El proceso de fascistización provocó serios temores entre los otros dos pilares del franquismo, la Iglesia católica y el Ejército. Las tensiones con el partido único acabarían estallando en agosto de 1942, con el atentado de Begoña que provocó una grave crisis política que el general Franco resolvió destituyendo al cuñadísimo Serrano Suñer. El 16 de agosto un grupo de falangistas lanzó dos granadas contra el gentío que salía de una misa presidida por el general José Enrique Varela, ministro del Ejército, en la basílica de la Virgen de Begoña en Bilbao en honor a los combatientes carlistas caídos durante la guerra civil. Los altos mandos militares encabezados por el propio Varela, secundado por el general Valentín Galarza, ministro de la Gobernación, consideraron el atentado como un ataque al Ejército por parte de la Falange y exigieron la destitución de Serrano Suñer uno de los autores del atentado fue sometido a un consejo de guerra y ejecutado. El general Franco satisfizo esa demanda el 3 de septiembre y cesó a Serrano que fue sustituido por el general monárquico Francisco Gómez-Jordana que volvía a hacerse cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero quiso dejar constancia de quién tenía el poder, y destituyó al mismo tiempo a los dos generales, Varela y Galarza, que habían encabezado la petición, sustituyéndolos por dos militares fieles a su jefatura.

En noviembre de 1942, tropas británicas y norteamericanas desembarcaban en el norte de África para desalojar de allí al Afrika Korps de Rommel y a las tropas italianas. Para Franco era el fin de sus sueños imperiales y un posible riesgo de invasión por parte de los aliados dado su alineamiento con Alemania e Italia. A pesar de ello el 7 de diciembre, primer aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor, aún pronunció un discurso de corte fascista. Estamos asistiendo al final de una era y al comienzo de otra. Sucumbe el mundo liberal, víctima del cáncer de sus propios errores, y con él se derrumba el imperialismo comercial, los capitalismos financieros y sus millones de parados. Se realizará el destino de nuestra era, o por la fórmula bárbara de un totalitarismo bolchevique, o por la patriótica y espiritual que España ofrece, o por cualquiera otra de los pueblos fascistas. Se engañan, por lo tanto, quienes sueñan con el establecimiento en el occidente de Europa de sistemas demoliberales.

Pero fue no fue hasta después de la caída de Mussolini en julio de 1943, tras el desembarco aliado en Sicilia, cuando el general Franco volvió a la estricta neutralidad en contra de sus propios deseos, tal como se lo había confesado al embajador italiano en abril de 1943, en vísperas de la invasión anglo-norteamericana. Mi corazón está con ustedes y deseo la victoria del Eje. Es algo que va en interés mío y en el de mi país, pero ustedes no pueden olvidar las dificultades con que he de enfrentarme tanto en la esfera internacional como en la política interna. El abandono de la no beligerancia fue decretado por Franco el 1 de octubre de 1943, séptimo aniversario del nombramiento por sus compañeros de sublevación como Generalísimo, y al mes siguiente ordenaba la retirada del frente ruso de la División Azul y la paralización del proceso de fascistización. En noviembre de 1944, en una entrevista concedida a la agencia norteamericana United Press, Franco llegó a afirmar que su régimen había mantenido una neutralidad absoluta durante la guerra, y que no tenía nada que ver con el fascismo, ya que era una democracia orgánica. Al mismo tiempo daba instrucciones al Ministro de Justicia para que preparara un borrador de una posible ley de derechos.

Juan de Borbón, heredero legítimo del rey Alfonso XIII, que reclamó a Franco la restauración de la Monarquía cuando cambió el signo de la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados.
El cambio en el signo de la guerra propició la más grave crisis que vivió el poder dictatorial del Generalísimo Franco, ya que constituyó el momento de toda su larga existencia en que estuvo más cerca de perder el poder. Todo empezó en marzo de 1943, cuando don Juan de Borbón, tercer hijo y heredero legítimo del rey Alfonso XIII, fallecido en Roma el 28 de febrero de 1941 y que vivía exiliado en Lausana Suiza, envió una carta al general Franco en el que le pedía que preparara el tránsito rápido a la Restauración de la Monarquía antes de la previsible victoria aliada, alertándole de los riesgos gravísimos a que expone a España el actual régimen provisional y aleatorio. Franco tardó dos meses en responder y cuando lo hizo negó que su régimen fuera provisional. Pero la caída de Mussolini en julio de 1943, y la capitulación de Italia ante los aliados, dio un nuevo impulso a la causa monárquica. El 8 de septiembre de 1943, el general Franco recibía una carta firmada por ocho de los doce tenientes generales en la que le pedían que considerase la restauración de la monarquía, será la única vez en 39 años que la mayoría de los generales le pedían a Franco que renunciara. Pero Franco no hizo la más mínima concesión y se limitó a esperar y a situar en los puestos claves a militares fieles a su persona.

En enero de 1944, una nueva petición de don Juan a favor de la urgente transición del régimen falangista a la restauración monárquica, fue respondida muy duramente por Franco, recordándole al pretendiente que ni el régimen derrocó a la monarquía ni estaba obligado a su restablecimiento y que la legitimidad de sus poderes excepcionales provenía de haber alcanzado, con el favor divino repetidamente prodigado, la victoria y salvado a la sociedad del caos, y añadía unas promesas muy vagas de vuelta hacia la monarquía.

La política económica, autarquía y racionamiento.

Hoy en día la mayoría de los historiadores están de acuerdo en atribuir la larga duración y la profundidad de la crisis económica de posguerra, el nivel de renta de 1935, no se recuperó hasta bien entrados los años 1950, a la catastrófica política económica autárquica e intervencionista que siguió el régimen franquista durante los años 40 y qué sólo comenzó a rectificar en parte en los años 50. Como ha señalado Javier Tusell, autarquía e intervencionismo eran dos tendencias persistentes de la economía española desde comienzos de siglo, pero ahora alcanzaron un desarrollo y una magnitud desconocidas hasta el momento.

Esta política se basaba en tres principios que fueron tomados de la Dictadura de Primo de Rivera y de los planteamientos económicos de los fascismos europeos, sobre todo del italiano. El primero era la subordinación de la economía a una meta superior, política: convertir a España en una gran potencia militar e imperial. Para ello el Estado se haría cargo de la tarea de ordenar y regular la actividad económica porque, según los economistas franquistas en la economía de mercado los intereses particulares de empresarios y trabajadores, enfrentados en una lucha de clases prevalecen sobre el interés supremo de la nación. El resultado fue una pésima asignación de los recursos productivos, al sustituirse el mercado por una prolija legislación reguladora y por la creación de multitud de organismos interventores como la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes o el Servicio Nacional del Trigo. La prueba del mal funcionamiento del sistema fue que inmediatamente surgió, al margen del mercado regulado y de las cartillas de racionamiento, un mercado negro, conocido como estraperlo, hacia el que se canalizaban los productos ya que a allí alcanzaban unos mayores precios.

El segundo principio fue la potenciación de los sectores más ligados al poderío militar, relegando a un segundo plano la industria de bienes de consumo y la agricultura, ya que el objetivo de la política económica no era mejorar los niveles de bienestar de la población sino convertir a España en una gran potencia, y a ese objetivo había que sacrificar todo lo demás, incluso la eficiencia, lo que pudiera costar. El instrumento fundamental de esta política fue el INI, Instituto Nacional de Industria, que dio pruebas sobradas de desconocer los principios más elementales de la economía.

El tercer principio fue la autarquía. Un país con vocación de imperio no podía depender de otros países y, menos de otras potencias rivales, por lo que debía tener como meta final lograr ser autosuficiente. El propio general Franco era, de nuevo, el principal valedor de esta idea, pues según declaró en 1938, estaba convencido de que España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es los suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada. Así, la política autárquica se basaría en un proteccionismo a ultranza y en una limitación de las importaciones que quedarían bajo el férreo control del Estado. Además esa política autárquica fue acompañada de una política cambiaría basada en una peseta fuerte.

Los resultados de la aplicación de la política autárquica e intervencionista al servicio de un Estado imperial militar fue una profunda depresión económica que duró más de una década. Se produjo una fuerte caída de la producción agraria que provocó una gravísima hambruna y únicamente cuando la escasez llegó a ser dramática en la segunda mitad de la década de los 40, el general Franco, autorizó la importación de productos alimentarios, por lo que sólo gracias al trigo argentino y norteamericano, España se salvó de una total catástrofe alimentaria.

Empeoraron las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros, de los campesinos pobres, de los obreros de las industrias y de los trabajadores de los servicios, con un marcado descenso de los salarios reales. Se interrumpió el proceso de industrialización que España venía experimentando desde la segunda década del siglo XX, y no se consiguió recuperar los niveles industriales de 1935, hasta quince años después de terminada la guerra, en 1955. Se disparó la inflación, debido a los cuantiosos déficits presupuestarios financiados con emisiones de deuda pignorable que era tomada por la banca privada, que la podía transformar inmediatamente en efectivo monetizar en el Banco de España.

El historiador de la economía Carlos Barciela al hacer balance de los años de la autarquía franquista ha señalado que el nivel de la renta nacional y de la renta per cápita de 1935, no se recuperó hasta entrados los años cincuenta y que el consumo de la población, incluido el de productos de primera necesidad se hundió de forma dramática, y el hambre se cebó en millones de españoles aunque esta mala situación económica no afectó a todos los españoles por igual ya que mientras que los salarios reales de los trabajadores experimentaron un descenso notable y generalizado los beneficios de los grandes propietarios agrarios, de las empresas y de la banca se incrementaron. La guerra se prolongó, también, en el ámbito laboral, añade. Barciela concluye que la evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica.

La evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica. No hay posible comparación entre la crisis posbélica en los países europeos y la que sufrió España. En nuestro país, la crisis fue más larga y más profunda. El hundimiento de la producción y la escasez se tradujeron en una caída dramática del nivel del consumo de los españoles. Los productos de primera necesidad quedaron sometidos a un riguroso racionamiento y pronto surgió un amplio mercado negro, las cartillas de racionamiento para productos básicos no desaparecieran hasta 1952. El subconsumo, el hambre, la escasez de carbón, el frío en los hogares, los cortes de luz, la carencia de agua corriente y las enfermedades fueron los rasgos que dominaron la vida cotidiana. Lejos quedaban las altisonantes proclamas imperiales y los eslóganes franquistas: Ni un español sin pan, ni un hogar sin lumbre. A ello hay que unir unas condiciones laborales penosas... Suprimida la libertad sindical y declarado delito de lesa patria la huelga, el nuevo nacionalsindicalismo nació como un instrumento para el sometimiento de los trabajadores. Por el contrario los empresarios mantuvieron cierta autonomía y, de hecho, fueron los patronos los que tomaron el control del aparato sindical y no al revés.


El franquismo de 1945 a 1950. El rechazo internacional y la ofensiva de la oposición (1945-1946).

El 10 de marzo de 1945, el presidente norteamericano Roosevelt informó a su embajador en Madrid que no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios fascistas. Por eso, el régimen franquista quedó excluido de la conferencia de San Francisco que daría nacimiento a la ONU, y a la que sí fueron invitados como observadores republicanos en el exilio.

En la Conferencia de Postdam que reunió a las tres potencias vencedoras en la ll Guerra Mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se trató la cuestión española y el 2 de agosto se hizo pública una declaración que decía.

Los tres gobiernos, sin embargo, se sienten obligados a declarar que, por su parte, no apoyarán ninguna solicitud de ingreso en la ONU del presente Gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con el apoyo de las potencias del eje, no posee, en razón de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su asociación estrecha con los países agresores, las cualidades necesarias para justificar ese ingreso.

Las declaraciones de los aliados despertaron enormes expectativas entre la oposición republicana, que en 1943, tras el cambio del signo de la guerra mundial había fundado en el exilio la Junta Española de Liberación JEL, presidida por Diego Martínez Barrio, que actuó ante los aliados como si fuera un gobierno provisional, mientras que en el interior de España los contactos clandestinos entre socialistas, anarquistas y republicanos dieron nacimiento en octubre de 1944, a la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, de la que no formaron parte ni los comunistas ni los socialistas negrinistas que también habían sido excluidos de la JEL, y que se mostró dispuesta a pactar con las fuerzas monárquicas el restablecimiento de la democracia sin poner como condición la restauración de la República. Asimismo, desde 1944, se había recrudecido la actividad guerrillera anarquista, socialista y comunista el maquis, cuyo hecho más destacado fue la Operación Reconquista de España de octubre de 1944, organizada por la Unión Nacional Española fundada por el PCE, que consistía en la invasión de España por el valle de Arán por un contingente de unos 3.000 guerrilleros comunistas, pero que constituyó un sonoro fracaso al ser derrotados por el Ejército y la Guardia civil, y no recibir ningún apoyo por parte de la población. Los guerrilleros, que se vieron obligados a volver a Francia a los diez días de haber comenzado la operación, tuvieron 129 muertos y 588 heridos.

Para hacer frente a la actividad guerrillera el régimen estableció controles sobre los movimientos de la población y en abril de 1947, el general Franco promulgó la Ley de Bandidaje y Terrorismo en cuyo preámbulo se decía que pretendía utilizar especiales medidas de represión para combatir las más graves especies delictivas de toda situación de posguerra, secuela de la relajación de los vínculos morales y de la exaltación de los impulsos de crueldad y acometividad de gentes criminales e inadaptadas. En el articulado se establecían los supuestos en los que se aplicaría la pena de muerte a los malhechores o bandidos, que no sólo incluía el haber matado a alguien, sino también esgrimir un arma de guerra o detener viajeros en despoblado. Tanto los guerrilleros como las unidades del Ejército y de la Guardia Civil que los combatían recurrieron a las represalias, alcanzando con frecuencia a una población civil aterrorizada. Un guerrillero capturado tenía pocas posibilidades de seguir con vida pero tampoco las tenía un alcalde de pueblo, o un franquista notorio prisionero en una incursión guerrillera.

Mientras arreciaba la actividad del maquis, se celebró en agosto de 1945, una sesión especial de las Cortes republicanas en México en la que se eligió a Diego Martínez Barrio como presidente de la Segunda República Española en el exilio y se nombró un gobierno presidido por José Giral, del que quedaron excluidos los negrinistas y los comunistas. Sin embargo, el gobierno republicano no fue reconocido por ninguna de las potencias vencedoras ni por la ONU sólo lo fue por los países del Este de Europa bajo la órbita soviética y por México, Venezuela, Panamá y Guatemala, por lo que José Giral acabaría presentando su dimisión en febrero de 1947, dos meses después de que en la declaración de condena del franquismo por la ONU de diciembre de 1946, no se hiciera ninguna mención al gobierno republicano en el exilio. Otra de las razones de su dimisión fue que Giral se oponía a las conversaciones que estaba manteniendo el socialista Indalecio Prieto con José María Gil Robles en representación de los monárquicos.

Por este último motivo la oposición republicana se dividió entre los partidarios de aliarse con los monárquicos y aceptar un referéndum sobre la forma de Estado, y los que siguieron defendiendo la legitimidad republicana. Otro motivo de enfrentamiento fue la estrategia a seguir: si continuar con la lucha guerrillera como fase previa a la insurrección popular como estaban practicando la CNT, el PSOE y el PCE o por el contrario, dar prioridad a la lucha diplomática para forzar una acción internacional de las grandes potencias y la ONU como defendían los nacionalistas vascos y catalanes, y los partidos republicanos.

Paralelamente los monárquicos recrudecieron su ofensiva. El 19 de marzo de 1945, cuando la derrota de Hitler estaba muy cercana, don Juan de Borbón rompía totalmente con el franquismo al hacer público el Manifiesto de Lausana en el que declaraba que el régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las Potencias del Eje, era incompatible con la victoria aliada y compromete también el porvenir de la Nación . Por eso mismo pedía Franco que dejara paso a una Monarquía tradicional cuyas tareas primordiales habrían de ser, aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política, reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes, establecimiento de una Asamblea Legislativa elegida por la Nación, reconocimiento de la diversidad regional, amplia amnistía política, una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales. Sin embargo, la ruptura no fue total pues en agosto Eugenio Vegas Latapié en representación de don Juan viajó de incógnito a Madrid donde se entrevistó con Luis Carrero Blanco, el hombre de confianza del Caudillo, aunque no llegaron a ningún acuerdo.

Pero don Juan no contaba con una oposición monárquica organizada y unida dentro de España y el Ejército apoyó firmemente a Franco como también lo hicieron los monárquicos colaboracionistas. A pesar de todo, la oposición monárquica se recrudeció cuando en febrero de 1946, don Juan trasladó su residencia oficial desde Lausana a Estoril cerca de Lisboa y recibió una carta de bienvenida firmada por 458 miembros de la elite española, incluidos dos exministros, lo que causó una honda preocupación en Franco es una declaración de guerra, dijo que acabó rompiendo sus relaciones con don Juan. Por otro lado, el pequeño sector del carlismo encabezado por el conde de Rodezno reconoció a don Juan como su soberano.

La metamorfosis del régimen.

La respuesta del franquismo al aislamiento internacional y al recrudecimiento de la oposición monárquica, fue la paralización definitiva del proceso de fascistización, y la introducción de ciertos cambios que lo hicieran más presentable exteriormente, pero sin reducir un ápice el poder omnímodo y vitalicio del Generalísimo. Ya a principios de 1944, el secretario general del partido único había ordenado a los delegados provinciales que dejaran de utilizar la expresión el Partido o Falange Española Tradicionalista y de las JONS y en su lugar se refirieran al mismo con la expresión Movimiento Nacional. Un año después, en septiembre, dejó de ser oficial el uso del saludo nacional brazo en alto, aunque los miembros y partidarios del régimen lo siguieron utilizando profusamente. Al mismo tiempo fueron despareciendo de la vida pública los uniformes del partido camisa azul, boina roja y correajes; con chaqueta blanca y gorra de plato los jerarcas del régimen.

En cuanto al marco legislativo el régimen franquista a partir de 1945, dio un giro abandonando el totalitarismo fascista y adoptando los principios de lo que llamó democracia orgánica, destinados a dar la impresión de que contaba con mecanismos constitucionales equiparables a los de una democracia parlamentaria y que el sistema podía liberalizarse sin traumas dentro de sus propios cauces institucionales.

Un primer paso en esta metamorfosis del régimen fue la promulgación el 17 de julio de 1945, del Fuero de los Españoles, tercera de las leyes fundamentales, que pretendía ser una carta de derechos y libertades inspiraba en la doctrina católica sobre la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana. Pero las restricciones que imponía el artículo 33, por ejemplo, especificaba que ninguno de los derechos podía aprovecharse para atacar la unidad espiritual, nacional y social de España y la falta de garantías en su ejercicio la convirtieron en una mera manifestación retórica, que únicamente contentó a la jerarquía eclesiástica al ratificar la confesionalidad católica del Estado español. En abstracto, su inicial declaración de principios no difería mucho de lo que sería aceptable en un sistema democrático. Pero buena parte del articulado se destinaba a legalizar los mecanismos de control sobre el conjunto de la población, regulando de forma restrictiva los derechos cívicos de asociación, reunión y expresión y concediendo al Jefe del Estado total libertad para suspender las garantías del propio Fuero cuando estimase que el orden público o la soberanía nacional estaban en peligro.

Un segundo paso fue nombrar un nuevo gobierno, el 18 de julio, cinco días después de la promulgación del Fuero de los Españoles, en el que daba entrada al político católico Alberto Martin Artajo, antiguo diputado de la CEDA, que se iba a encargar del Ministerio de Asuntos Exteriores, el más trascendental en aquellos momentos, y que iba estar acompañado de otros dos ministros de esa misma tendencia. Al mismo tiempo se producía la relativa postergación falangista, desapareciendo la cartera de ministro secretario general de Falange. El objetivo era, pues, reforzar el catolicismo del Régimen y ofrecer una nueva imagen al mundo.

A continuación el gobierno eliminó buena parte de los símbolos falangistas, como el saludo fascista con el brazo en alto que en abril de 1937, había sido declarado saludo nacional, y a la hora de referirse al partido único ya no se utilizó el término oficial Falange Española Tradicionalista y de las JONS sino que se prefirió utilizar el nombre de Movimiento Nacional o simplemente el Movimiento, aunque Franco no quiso prescindir de él completamente, al considerar importante conservar alguna forma de organización política oficial.

En su lugar se dio prioridad a la base católica del franquismo lo que dio nacimiento a lo que se llamó más tarde nacionalcatolicismo, la restauración del poder de la Iglesia y su identificación con el régimen franquista. Aunque la vuelta a muchos aspectos de la vida religiosa ya se había producido durante la guerra civil y la inmediata posguerra, fue sobre todo a partir de 1945, cuando los ritos religiosos se introdujeron en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. Como ha señalado Santos Juliá, a partir de entonces todos los espacios públicos y privados resplandecían de símbolos religiosos, la enseñanza de la religión en sus variantes de historia sagrada, dogma y moral católica se convirtió en tarea obligada de las escuelas, los sacerdotes se constituyeron en guardianes de la moral pública, procesiones, misas de campaña, misiones populares campañas públicas masivas de evangelización entre la población, llenaban de cantos y músicas religiosas las calles de ciudades y pueblos. Se produjo pues, una sacralización de la vida española que afectó a casi todos los asuntos públicos y a las instituciones. Fue la restauración de la España católica tradicional. 

Por último, el 22 de octubre de 1945 Franco promulgó la Ley del Referéndum Nacional, cuarta de las leyes fundamentales que permitía al Jefe del Estado someter a consulta de los españoles, hombres y mujeres mayores de 21 años, aquellos proyectos de ley que considerase oportunos cuando la trascendencia de determinadas leyes lo aconseje o el interés público lo demande. El Generalísimo era el único que podía apreciar esta circunstancia y el único que podía convocarlos. Así, como ocurre en los Estados no democráticos que recurren a los plebiscitos, los dos únicos referéndums que se celebraron, en 1947 y en 1966, fueron un mero instrumento propagandístico al servicio de la legitimación del régimen. A esta ley le siguió en marzo de 1946, la modificación de la Ley de Cortes, que aumentaba el número de procuradores electivos aplicando el principio corporativo de los tres tercios el sindical, el municipal y el familiar, pero la elección de la representación del tercio familiar por los varones mayores de edad y las mujeres casadas tardó más de veinte años en llevarse a la práctica.

Además de los cambios cosméticos del régimen, Franco optó por la resistencia a ultranza que se basaba en la creencia de que la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña con la Unión Soviética pronto se rompería, dada la incompatibilidad de los proyectos políticos y socio-económicos que ambas partes propugnaban, y que al final las potencias occidentales acabarían aceptándole ante el peligro comunista. Eso fue lo que le aconsejó su hombre de confianza, Luis Carrero Blanco en un informe confidencial entregado a finales de agosto de 1945, tras la condena del franquismo por la Conferencia de Postdam.

Las presiones de los anglosajones por un cambio en la política española que rompa el normal desarrollo del régimen actual, serán tanto menores tanto cuanto más palpable sea nuestro orden, nuestra unidad y nuestra impasibilidad ante indicaciones, amenazas e impertinencias. La única fórmula para nosotros no puede ser más que: orden, unidad y aguantar.

Así, Franco, siguiendo la consigna de Carrero de orden, unidad y aguantar, mandó cerrar filas en torno al régimen y recordó obsesivamente la guerra civil. Para ello la actividad guerrillera fue utilizada como prueba de que la guerra civil continuaba. En un informe de octubre de 1946, Carrero Blanco recomendaba a Franco el empleo de todos los resortes que el Gobierno y el Movimiento tienen en su mano sobre la base de que es moral y lícito imponerse por el terror cuando éste se fundamenta en la justicia y corta un mal mayor. La acción directa de palizas y escarmientos, sin llegar a graves efusiones de sangre, es recomendable contra los agitadores ingenuos que sin ser agentes del comunismo hagan el juego de éste.




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