Mostrando entradas con la etiqueta Posguerra Española " 2ª parte ". Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Posguerra Española " 2ª parte ". Mostrar todas las entradas

martes, 2 de mayo de 2017

Posguerra Española " 2ª parte "


El aislamiento internacional y la legitimación monárquica (1946-1947).

Los cambios cosméticos y la campaña y la actividad desplegada para convencer al mundo de que el franquismo no había tenido nada que ver con las potencias fascistas derrotadas en la guerra, no surtieron ningún efecto inmediato. El 20 de noviembre de 1945, el embajador norteamericano abandonaba Madrid, y el ostracismo efectivo del régimen franquista se inició el 28 de febrero de 1946, cuando el gobierno francés cerró la frontera con España como protesta por las ejecuciones de diez guerrilleros, entre ellos Cristino García, héroe de la Resistencia que había luchado contra la ocupación nazi. Cuatro días después una declaración conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, promovida por esta última, expresaba su repudio del franquismo y su confianza en que españoles patriotas y de espíritu liberal encontrarán los medíos para conseguir una pacífica retirada de Franco y el retorno a la democracia. Una primera prueba de lo que significaba el aislamiento internacional fue la exclusión de España de las negociaciones para restablecer la administración internacional de Tánger, que España había ocupado militarmente durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo la cuestión de las sanciones a imponer al régimen franquista fue debatida en la ONU a lo largo de ese año, 1946, siempre con la negativa de Gran Bretaña y de Estados Unidos a acordar medidas económicas o militares. Finalmente, el 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU acordó por 34 votos a favor, seis en contra y trece abstenciones, la condena del régimen franquista en los siguientes términos.

La Asamblea General recuerda que, en mayo y junio de 1946, el Consejo de Seguridad efectuó una investigación sobre las posibles medidas ulteriores que habrían de adoptar las Naciones Unidas acerca de España. El subcomité del Consejo de Seguridad encargado de dicha investigación resolvió por unanimidad:

 a) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini.

 b) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó ayuda muy considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados.
 El subcomité estableció de forma incontrovertible y con pruebas documentales que Franco era culpable, en unión de Hitler y Mussolini, de conspirar para el desencadenamiento de la guerra contra aquellos países que en el curso de la contienda se agruparon bajo el nombre de Naciones Unidas.
 La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España, que le fue impuesto a la fuerza al pueblo español, y con su continuado dominio de España hace imposible que este pueblo participe con los de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales. Recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos internaciones creados por las Naciones Unidas hasta que se forme en España un gobierno nuevo y adecuado. La Asamblea General recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se estableciese en España un Gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de intimidación, el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación. Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid.

La recomendación de la retirada inmediata de los embajadores mientras no se implantase en España un Gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados fue aplicada por la gran mayoría de los países, con la excepción de la Santa Sede, Portugal, Irlanda, Suiza y la Argentina de Juan Perón.

Anticipándose a la previsible condena de la ONU, el régimen franquista organizó el 9 de diciembre de 1946, una gran manifestación de indignación nacional en la Plaza de Oriente de Madrid bajo el lema Franco sí, comunismo no. Desde el balcón principal del Palacio Real el Caudillo se dirigió a la multitud y atribuyó el aislamiento del régimen a una conjura de la masonería y el comunismo:

Cuando una ola de terror comunista asola a Europa y las violaciones, los crímenes y las persecuciones del mismo orden de muchas de las que vosotros presenciasteis o sufristeis presiden la vida de las naciones ayer independientes, en la mayor de las impunidades, no debe extrañarnos que las hijos de Giral y de la Pasionaria encuentren tolerancias en el ambiente y apoyo en los representantes oficiales de aquellos desgraciados pueblos.

Además el mismo día que la Asamblea General de la ONU condenaba al régimen, las Cortes franquistas aprobaban acuñar nuevas monedas con la efigie de Franco con la leyenda. Francisco Franco Caudillo de España por la Gracia de Dios.

Otra vía para hacer frente al aislamiento fue buscar el apoyo internacional de los círculos católicos y anticomunistas en todo el mundo. En Washington José Félix de Lequerica organizó un lobby profranquista, coordinado por el abogado Charles P. Clark e integrado por políticos, militares, empresarios y activistas católicos conservadores y anticomunistas.74 Para atraerse a los países latinoamericanos se creó en diciembre de 1945, el Instituto de Cultura Hispánica y entre aquéllos encontró el apoyo de la Argentina de Perón que no sólo no retiró a su representante en Madrid y lo elevó al rango de embajador sino que su ayuda económica resultó muy importante para la supervivencia del régimen. Dos meses antes de la condena formal por la ONU Juan Domingo Perón ya había concedido una línea de crédito a España que permitió que pudiera importar 400.000 toneladas de trigo argentino y al año siguiente, tras la visita de Eva Duarte de Perón Evita a España en junio, otra por valor de 750 millones de dólares, a la que se sumó el llamado Protocolo Franco-Perón firmado en abril de 1948, un convenio por el que Argentina se comprometió a abastecer a España con 300.000 toneladas de trigo y a subsanar los déficits de grano que se produjeran entre 1949 y 1951, además de suministrar maíz y aceite comestibles. Otra estrategia de la política exterior franquista para romper el aislamiento fue ponerse del lado de los países árabes en el conflicto que mantenían por Palestina con los judíos allí asentados que reclamaban un Estado propio.

Sin embargo, la estrategia principal del franquismo para sobrevivir fue buscar la legitimación monárquica. Así, en marzo de 1947, se dio a conocer la crucial Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado quinta ley fundamental, en cuyo artículo 1° se definía la forma del régimen político español como un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino. El artículo 2° otorgaba de modo vitalicio la Jefatura del Estado al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos fórmula que reunía todas las legitimidades carismáticas de su poder: el partido, la Iglesia y el Ejército, convirtiendo así a Franco en regente de hecho y de por vida en esta monarquía sin rey o monarquía nominal que había proclamado el artículo anterior. El artículo 6° confería a Franco el derecho a designar sucesor a título de Rey o de Regente en cualquier momento y con plena capacidad de revocación de su decisión. Finalmente, la ley creaba dos nuevos órganos del Estado, el Consejo de Regencia que actuaría en caso de que Franco muriera sin haber designado sucesor, y el Consejo del Reino, como órgano asesor superior del Jefe del Estado en los asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. Así pues, la Monarquía no sería restaurada sino instaurada en las persona de la realeza que el general Franco decidiera, convertido así su sucesor en un títere del dictador y de sus herederos políticos.

El contenido de la Ley de Sucesión fue conocido por don Juan de Borbón antes de que se promulgase gracias a la entrevista que mantuvo con el enviado de Franco, Luis Carrero Blanco. Al no hacerse mención a ningún derecho dinástico de sucesión, la respuesta de don Juan no se hizo esperar en forma de una nueva declaración el Manifiesto de Estoril del 7 de abril de 1947, en la que rechazó la Ley y defendió los derechos hereditarios de sucesión al trono, que recaían en su persona. Este mensaje no se hizo público en España, donde la prensa lanzó una campaña contra el pretendiente. El Manifiesto de Estoril denunciaba que la ley trataba de convertir en vitalicia una dictadura personal y de disfrazar con el manto glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio gubernativo, y afirmaba el supremo principio de legitimidad que recaía en don Juan y los imprescriptibles derechos de soberanía que la providencia de Dios ha querido que vinieran a confluir en él. A continuación don Juan se mostraba dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e incondicional transmisión de poderes. El Manifiesto de Estorial se basó en las Bases institucionales de la Monarquía Española, también conocidas como Bases de Estoril, hechas públicas dos meses antes, en las que se defendía un modelo de Monarquía tradicional basada en la Religión católica, la unidad sagrada de la Patria y la Monarquía representativa y con unas Cortes orgánicas corporativas y por tanto no democráticas.

Como ha señalado Paul Preston, a partir de la promulgación de la Ley de Sucesión, Franco actuó al modo de un monarca en el recientemente proclamado reino de España y tomó para sí las prerrogativas reales hasta el punto de crear títulos nobiliarios. El general José Moscardó, por ejemplo, recibió el título de conde del Alcázar de Toledo.

Para buscar la legitimidad democrática del régimen, la ley fue primero aprobada por las Cortes el 7 de junio, y luego sometida a referéndum el 6 de julio de 1947, produciéndose una altísima participación y el voto afirmativo del 93 % de los votantes como resultado de la propaganda oficial la única que se permitió y de otras medidas de presión por ejemplo, la presentación y sellado de la cartilla de racionamiento como forma de identificación electoral. Por otro lado, la Falange no vio con buenos ojos la Ley de Sucesión, ya que en ella predominaban los sentimientos antiborbónicos o prorrepublicanos y la consideraban una concesión a los sectores conservadores.


Fin del aislamiento, derrota de la oposición y consolidación del régimen (1947-1950).

A finales de 1947, se produjeron las primeras pruebas de que la actitud de las potencias occidentales hacia el régimen de Franco comenzaba a cambiar, al producirse la ruptura en dos bloques entre los antiguos aliados de la II Guerra Mundial el mundo libre frente a la dictadura comunista , como lo expresó el presidente norteamericano Harry Truman. Así, el estallido de la guerra fría acabó favoreciendo al general Franco, al tener España un nuevo valor estratégico para el bloque del mundo libre ante un posible ataque soviético sobre Europa Occidental. En noviembre de 1947, Estados Unidos se oponía con éxito en la ONU a una nueva condena del régimen de Franco y a la imposición de nuevas sanciones. Cuatro meses después, Francia volvía a reabrir la frontera con España, y entre mayo y junio de 1948, se firmaban sendos acuerdos comerciales y financieros con Francia y con Gran Bretaña. A principios de 1949, el régimen franquista recibía el primer crédito concedido por un banco norteamericano con la aprobación de su gobierno por valor de 25 millones de dólares. Poco antes había visitado España el presidente del comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano.

El proceso de rehabilitación de la dictadura franquista se completó formalmente en 1950, después de que en junio de ese año estallara la guerra de Corea, la primera gran confrontación de la guerra fría. Nada más conocerse la noticia de la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, el gobierno español se apresuró a enviar una nota al gobierno norteamericano en la que decía. España desearía ayudar a Estados Unidos a detener el comunismo enviando fuerzas a Corea. El gobierno norteamericano se limitó a dar las gracias pero al mes siguiente el Senado, a propuesta del senador demócrata Pat McCarran miembro del Spanish Lobby creado por Lequerica, autorizó al Export-Import Bank a conceder a España un crédito de 62,5 millones de dólares. El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de la ONU revocó por amplia mayoría gracias al apoyo norteamericano y a la abstención francesa y británica la resolución de condena del régimen franquista de diciembre de 1946, votaron a favor 38 países, 10 votaron en contra y 12 se abstuvieron. Así en los meses siguientes regresaron a Madrid los embajadores occidentales y se aprobó la entrada de España en los organismos internacionales especializados de la ONU.

La rehabilitación internacional del régimen franquista y la aprobación en referéndum de la Ley de Sucesión en julio de 1947, debilitó hasta tal punto a la opción monárquica, que don Juan de Borbón cambió de estrategia respecto a Franco y el 25 de agosto de 1948, se entrevistó con el Generalísimo en su yate Azor anclado en el golfo de Vizcaya. Como resultado de la misma se acordó que el hijo de don Juan, Juan Carlos de Borbón, se educaría en España bajo la tutela del general Franco el 7 de noviembre el príncipe, de 10 años de edad, llegaba a España. La entrevista había sido promovida por los monárquicos colaboracionistas, como el duque de Sotomayor y Julio Danvila, y a la misma el general se hizo acompañar por el infante Jaime de Borbón, hermano mayor de don Juan, quizá como recordatorio de que había recambios en la pugna por la restauración de la Monarquía.

El acuerdo alcanzado entre Franco y don Juan que suponía un reconocimiento implícito de la legitimidad del régimen franquista dejó sin efecto el acuerdo formalizado en San Juan de Luz tres días después entre José María Gil Robles, en representación de los monárquicos juanistas no colaboracionistas de la Confederación de Fuerzas Monárquicas, e Indalecio Prieto, en representación de una parte de la oposición republicana, en el que habían acordado luchar conjuntamente para derribar a la dictadura franquista tras lo cual se formaría un gobierno provisional que convocaría un plebiscito para decidir el régimen político definitivo, republicano o monárquico. Las conversaciones habían comenzado bajo los auspicios del gobierno laborista británico, concretamente de Ernest Bevin, secretario Foreign Office, que había reunido el 17 de octubre de 1946, a Gil Robles y a Prieto en Londres para impulsar la transición a la democracia en España. Poco tiempo después del fiasco del acuerdo de San Juan de Luz, Indalecio Prieto dimitió como presidente del PSOE. Mi fracaso es completo, reconoció, siendo sustituido por Rodolfo Llopis. En julio de 1951, don Juan escribió una carta a Franco en la que rechazaba la colaboración de los monárquicos con los socialistas y en la que le decía:
 Pongámonos de acuerdo para preparar un régimen estable. Aunque Franco hizo caso omiso de la propuesta, don Juan proseguiría el acercamiento al franquismo durante la década de los años 1950, entrevistándose en secreto con el general Franco en una finca extremeña propiedad del conde de Ruiseñada a finales de 1954.

Por su parte, la oposición republicana, ante el reconocimiento internacional del franquismo, se quedó sin argumentos, y la actividad guerrillera decayó. Los comunistas abandonaron la guerrilla por completo en 1952, mientras que los anarquistas aún llevarían a cabo acciones esporádicas hasta 1963. Así pues, desde 1949, y hasta la década de los sesenta, la oposición antifranquista interna y del exilio vivió su travesía del desierto. Los intentos de reconstrucción de los partidos y de las organizaciones obreras en la clandestinidad fueron abortados por la policía, como le sucedió a la CNT en 1953, cuando su Comité Nacional en el interior, presidido por Manuel Vallejo, fue detenido, al PSOE cuando ese mismo año fue apresado Tomás Centeno, presidente de la comisión ejecutiva del interior, que murió durante los interrogatorios policiales o al PSUC, cuando su líder Joan Comorera fue detenido en 1954, y condenado por un consejo de guerra a treinta años de prisión, muriendo en la cárcel en 1958. Ese año era detenido y encarcelado el socialista Antonio Amat Guridi, sucesor de Tomás Centeno al frente del comité ejecutivo del interior del PSOE.

Desde finales de 1948, Franco supo que ya ningún peligró esencial pondría en cuestión su mando, una vez había sido domesticada la oposición monárquica con el príncipe Juan Carlos ya en España, derrotadas las guerrillas, desahuciada la oposición republicana en el exilio y decapitada en el interior, y había sido roto el aislamiento internacional de su régimen. Un síntoma de que el régimen franquista ya se sentía seguro fue el nombramiento en 1948, de un secretario general para el partido único ahora llamado el Movimiento , cargo que desde 1945, permanecía vacante; otro fue que el 7 de abril de 1948, se puso fin al estado de guerra que había existido desde principios de la guerra civil, aunque los tribunales militares seguirían ocupándose de los delitos políticos en virtud de la Ley de Bandidaje y Terrorismo aprobada el año anterior.


El franquismo de 1951 a 1959
Integración en el bloque occidental y esplendor del nacional-catolicismo (1951-1955).

Como ha señalado Enrique Moradiellos, como resultado de los cambios institucionales internos y de la rehabilitación internacional, al doblar la década de los cincuenta el régimen franquista esta plenamente consolidado. Sin embargo, en 1951, volvió la protesta obrera a consecuencia de las penosas condiciones laborales y el incremento de los precios. El epicentro fue Barcelona y el desencadenante la notable subida del precio de los billetes de los tranvías, que fue respondida el 1 de marzo por un boicot por parte de la población que se prolongó varios días y que acabaría logrando la anulación de la medida. El éxito del boicot forma segura de protesta que no implicaba riesgo personal fue seguido de una huelga bastante generalizada en el área industrial de Barcelona en contra del alza del coste de la vida. Al principio la reacción de la policía fue débil el gobernador civil acabaría siendo sustituido por ello y el Capitán General de Cataluña, el monárquico Juan Bautista Sánchez se negó a sacar las tropas a la calle, aunque durante los días siguientes se aplicaron medidas de fuerza y los trabajadores volvieron a sus ocupaciones. También se produjeron protestas y huelgas en otras ciudades, como Zaragoza, Bilbao, Pamplona y Madrid.

Esta agitación social obligó al general Franco a reaccionar, y el 18 de julio nombró un nuevo gobierno que debería rectificar en parte la política económica para asegurarse que la conflictividad social no se reproducía. El nuevo consejo de ministros, sin embargo, siguió siendo un gabinete con el predominio del catolicismo político Martin Artajo siguió al frente de Asuntos Exteriores y Joaquín Ruiz Giménez se ocupó de Educación. En él, por fin, entró Carrero Blanco, con el rango de ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Además la secretaría general del Movimiento Nacional recuperó el rango ministerial, cargo que detentaba el falangista camisa vieja Raimundo Fernández Cuesta.

Después de largas negociaciones, que por parte española fueron llevadas por dos políticos católicos el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo, y el embajador ante la Santa Sede, Fernando María Castiella, se llegó al acuerdo sobre un nuevo Concordato con la Iglesia Católica, que sustituyera al de 1851, y que la II República había dejado sin efecto. Su firma, que tuvo lugar en Roma a donde acudió Martín Artajo, supuso un paso de vital importancia en el reconocimiento internacional del régimen y además la ratificación del predominio que el franquismo había concedido a la Iglesia Católica a cambio de su identificación total con el régimen. En realidad el Concordato lo que hacía era ratificar el statu quo ya existente entre la Iglesia y el Estado desde la guerra civil y, especialmente, desde 1945, con la hegemonía del «nacionalcatolicismo. A partir de la firma del Concordato, como ha señalado Enrique Moradiellos, el triunfo nacionalcatolicismo fue definitivo e incontestable, convirtiéndose en la ideología oficial del Estado y el patrón normativo de la conducta moral, pública y privada, del conjunto de la sociedad española. Un hito en la identificación de la Iglesia Católica con el régimen franquista lo había constituido el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, que reunió en Barcelona en mayo de 1952, a cientos de miles de católicos. Durante el mismo el cardenal Spellman, cabeza de la Iglesia norteamericana y gran amigo del papa Pío XII, llegó a afirmar: Todo el mundo en España quiere a Franco. Por otro lado, a partir de la firma del Concordato en todas las misas se elevarían preces por nuestro Caudillo Francisco.

Las negociaciones con Estados Unidos para la instalación de bases norteamericanas en territorio español a cambio de una ayuda económica y militar, comenzaron en abril de 1952, en julio del año anterior el almirante Jefe de Operaciones de la Marina norteamericana ya se había entrevistado con Franco en Madrid alcanzando un principio de acuerdo para la colaboración militar entre los dos países. La delegación norteamericana estuvo encabezada por el general August Kissner, por George Traine y por el embajador en Madrid Stanton Griffis y la española por el general Juan Vigón. Las reticencias norteamericanas iniciales a que el acuerdo supusiera un respaldo político a Franco, fueron superadas tras la elección del nuevo presidente Dwight Eisenhower quien nombró como embajador en Madrid a James Dunn, que se mostró menos inflexible que su antecesor para aceptar las condiciones que pedía el gobierno español. Finalmente se firmó el acuerdo el 23 de septiembre de 1953, en el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero éste no tuvo el rango de tratado, como pedía el gobierno español, sino de pacto ejecutivo entre gobiernos agreement. Para que fuera un tratado hubiera sido necesaria la aprobación del Senado, algo imposible de conseguir ya que la mayoría de miembros se negaba a apoyar a la dictadura de Franco.

Los llamados Pactos de Madrid constaban de tres acuerdos: el primero se refería a los suministros de material de guerra que Estados Unidos iba a proporcionar a España; el segundo se ocupaba de la ayuda económica, que incluía la concesión de créditos; el tercero, y más importante, era el que se refería a la ayuda para la defensa mutua, que consistía en el establecimiento de cuatro bases militares norteamericanas en territorio español. De esta forma España quedaba incorporada al sistema de defensa occidental, pero sin acceder a la toma de decisiones al ser vetado su acceso a la OTAN que acababa de fundarse en 1949. Las bases estaban teóricamente bajo la soberanía conjunta de España y de Estados Unidos, pero existía un acuerdo secreto adicional, por el que Estados Unidos podía decidir unilateralmente cuándo utilizarlas en caso de en caso de evidente agresión comunista que amenace la seguridad de Occidente. Por otro lado, se almacenó armamento atómico en ellas, a pesar de las protestas de las autoridades franquistas.

Con los Pactos de Madrid, el franquismo, tanto en el interior como en el exterior, quedó fortalecido, aunque considerados en un plano más realista, los acuerdos corroboraban la situación de mera dependencia española respecto a su valedor interesado, Estados Unidos que siempre consideró a la España franquista como un aliado menor.

Después del acuerdo de la Asamblea General de 1950, España pudo integrase progresivamente en los organismos especializados de la ONU. El primero fue la Organización Meteorológica Mundial, al que siguieron la FAO, la OMS y la UNESCO. Sin embargo para la ingreso en la ONU como miembro de pleno derecho hubo que esperar a diciembre de 1955, lo que fue posible gracias al deshielo que se produjo en las relaciones entre los dos bloques tras la muerte de Stalin en 1953, ya que se abrió paso la idea de una ampliación de la ONU, para admitir a aquellos países que figuraron en el bando perdedor de la Guerra Mundial o fueron neutrales, y que ahora estaban alineados junto a una u otra superpotencia, que era el caso de España. Así el 8 de diciembre de 1955, la Asamblea General de la ONU admitió a 18 nuevos miembros, entre ellos España, junto con Italia, Portugal, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Austria y otros diez países más. No hubo ningún voto en contra y sólo dos abstenciones, México y Bélgica. Era el final del aislamiento del franquismo.


Las crisis de 1956.

El nuevo ministro de Educación nombrado en 1951, el católico Joaquín Ruiz Giménez, intentó llevar adelante una cierta apertura en el ámbito educativo y cultural, rodeándose para ello de un equipo de jóvenes intelectuales procedentes de Falange: Pedro Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid; Antonio Tovar, rector de Universidad de Salamanca, y Torcuato Fernández Miranda, rector de la Universidad de Oviedo y que pasó a ocupar la subsecretaría del ministerio. Uno de sus mayores logros fue la rehabilitación oficiosa del filósofo José Ortega y Gasset, que volvió a España desde el exilio. Murió en 1955, y su entierro fue presidido por el propio ministro Ruiz Giménez. Sin embargo, el también católico Rafael Arias Salgado, que desde el nuevo ministerio de Información y Turismo estaba llevando a cabo una política integrista, dio consignas a la prensa para que destacase la escasa religiosidad de Ortega y algún obispo, incluso, se refirió al hedor masónico que exudaba su cadáver. Otro resultado de la política de Ruiz Giménez fue la revista Alcalá, fundada en 1952, en la que escribieron además de Laín Entralgo y Tovar, Dionisio Ridruejo, Xavier Zubiri o José Luis López Aranguren.

El clima de apertura iniciado por Ruiz Giménez propició que se formaran los primeros grupos estudiantiles de oposición. Una de sus primeras iniciativas fue la celebración de los Encuentros entre la Poesía y la Universidad organizados por el estudiante Enrique Múgica Herzog, que consiguió que fueran patrocinados por el Aula de Cultura del SEU, y en los que participaron los poetas Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Gerardo Diego, Luis Felipe Vivanco y José Hierro. El éxito de los Encuentros animó a sus promotores a organizar un Congreso de Escritores Jóvenes, para que sirvieran para que los jóvenes universitarios intercambiasen sus ideas con alguna comodidad, dando ocasión a un diálogo que les esclareciera mejor que a un silencio que les envenenara, tal como dejó escrito Ruidruejo en sus Memorias. Encontraron el apoyo entusiasta del rector de la Universidad de Madrid Laín Entralgo y del ministro Ruiz Giménez, pero finalmente el Congreso no llegó a celebrarse porque fue prohibido por el ministro de la Gobernación Blas Pérez González, ya que según un informe elaborado por la Dirección General de Seguridad estaba organizado por dos grupos antifranquistas, uno comunista encabezado por Múgica Herzog y del que formaban parte el ateo Ramón Tamames, el también ateo y comunistoide Javier Pradera o el ateo rabioso y blasfemo recalcitrante Fernando Sánchez Dragó y otro institucionista liberal dirigido por Javier Muguerza e inspirado por el filósofo Julián Marías.

Por su parte los falangistas quisieron dejar patente su poder y unidad frente al ascenso de los católicos y en octubre de 1953, reunieron en Madrid el Primer Congreso Nacional del Movimiento, en el que intervinieron además del ministro-secretario general Fernández Cuesta, otros destacados camisas viejas como José Antonio Girón, ministro de Trabajo, que hicieron referencia a la Revolución Nacional. Así se aprobó una declaración en la que se decía que la Falange no consentiría bajo ningún pretexto la ilegítima actuación de camarillas que pretendan mermarle su condición de única inspiradora del Estado y, consiguientemente, la autoridad de su Jefe y Caudillo. Pero en el multitudinario acto de clausura el Generalísmo Franco puso límites a esos propósitos. La Falange está por encima de las contingencias. flanqueando y respaldando la fuerza constituyente de nuestro Ejército. A pesar de ello entre los sectores más radicales de Falange ligados al SEU y al Frente de Juventudes se fue extendiendo el rechazo a la futura Monarquía como se puso de manifiesto en el verano de 1955, durante la visita de Juan Carlos de Borbón a un campamento del Frente de Juventudes, siendo recibido con la siguiente cancioncilla el delegado nacional de Juventudes José Antonio Elola-Olaso fue cesado de forma fulminante por Franco a raíz de otro incidente similar que tuvo lugar durante el funeral por José Antonio Primo de Rivera celebrado el 20 de noviembre de 1955, en El Escorial presidido por Franco y durante el cual se oyó el grito. No queremos reyes idiotas.

¡Viva, viva la Revolución!
 ¡Viva, viva Falange de las JONS!
 ¡Muera, muera, el capital!
 ¡Viva, viva el Estado Sindical!
 Que no queremos reyes idiotas
 que no sepan gobernar.
 Implantaremos, porque queremos
 el Estado Sindical
 ¡Abajo el Rey!

A pesar de la suspensión del Congreso de Escritores Jóvenes el activismo estudiantil continuó y el 16 de enero de 1956, celebraron un reunión en el círculo cultural Tiempo Nuevo, de Madrid, en la que elaboraron un manifiesto, que llegó a conseguir 3.000 firmas de apoyo, en el que pedían la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes, cuyos delegados serían elegidos al margen del SEU. Los estudiantes falangistas reaccionaron asaltando violentamente la Facultad de Derecho. Poco después, el 9 de febrero, se produjeron nuevos incidentes violentos en la Universidad de Madrid como resultado del enfrentamiento entre estudiantes que se estaban manifestando a favor de elecciones libres al SEU y un grupo de falangistas que venían de celebrar la ceremonia anual del Día del estudiante caído. Como resultado de la reyerta hubo un estudiante falangista gravemente herido de un balazo en el cuello probablemente por disparo de uno de sus compañeros, que iban armados. El clima de crisis se extendió rápidamente se habló de que los falangistas estaban preparando una noche de los cuchillos largos y la policía procedió a detener a los responsables de la convocatoria de la asamblea de estudiantes que, para su sorpresa, resultaron ser algunos de ellos antiguos falangistas e hijos de personalidades del régimen.

La gravedad de la crisis la primera crisis interna de envergadura a la que tuvo que enfrentarse el Régimen desde 1942, la pusieron de manifiesto las dos medidas que tomó inmediatamente el general Franco. El 11 de febrero decretaba por primera vez desde su promulgación la suspensión de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, y la Universidad de Madrid era cerrada. El 16 de febrero destituía a los dos ministros responsables de los hechos, a Ruiz Giménez y a Fernández Cuesta, minisro-secretario general del Movimiento del que dependía el SEU.

Los acontecimientos de febrero de 1956, demostraban que, después de 15 años, el Régimen estaba perdiendo el control de la juventud en las universidades más importantes, donde antes había tenido un apoyo limitado o, al menos, no había resistencia, y constituyeron el primer atisbo de un renacimiento de la oposición interna, que procedía no de la República, sino de una nueva generación que había crecido bajo el Régimen en los años 50, y que comenzaba a organizarse como oposición a la dictadura franquista sin que importara el campo en que hubieran militado ellos mismos o sus padres durante la guerra civil. Así pues, los sucesos de 1956, marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del antifranquismo.

Los comunistas fueron los primeros en captar ese nuevo hecho y antes que ningún otro partido lo consagraron como estrategia oficial. Así en el pleno del Comité Central del PCE celebrado en Praga en agosto de 1956, en el que también se apoyó la invasión soviética de Hungría, se aprobó la nueva política de Reconciliación Nacional, que buscaba el entendimiento con todas las fuerzas antifranquistas independientemente de en qué bando hubieran combatido en la Guerra Civil. Sin embargo, la tarea no iba a resultar sencilla, y tanto la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958, como la Huelga Nacional Pacífica, del 18 de junio de 1959, convocadas por el PCE fueron un completo fracaso.


La crisis de 1957.

En marzo de 1956, Francia otorgó la independencia a la zona de Marruecos que estaba bajo su Protectorado, lo que obligó a hacer lo mismo un mes después al gobierno español al producirse también en su protectorado disturbios independentistas. En agosto del año siguiente, el nuevo Estado de Marruecos reclamó también la soberanía sobre el enclave de Ifni, un territorio en la costa atlántica marroquí bajo soberanía española que no formaba parte del Protectorado, por lo que no fue cedido en el momento de la independencia. Así en noviembre de 1957, el territorio de Ifni fue atacado por tropas irregulares marroquíes, pero el ejército español consiguió repeler la agresión 62 soldados españoles murieron. También fue atacada la colonia española del Sahara, siendo de nuevo rechazados los asaltantes, aunque a costa de unas bajas mayores 241 militares españoles muertos. La guerra de Ifni fue silenciada por la prensa y hasta febrero de 1958, no se consiguió restablecer la normalidad en ambos territorios. En el caso del Sahara se logró gracias a la entrada de tropas francesas desde Mauritania a petición del gobierno español cuando España estaba a punto de perder aquella guerra no declarada. Durante el conflicto el Ejército español no pudo utilizar el material de guerra norteamericano entregado en virtud de los Pactos de Madrid de 1953, por la prohibición expresa de Washington.

Con su vuelta al gobierno tras la crisis de febrero de 1956, el falangista José Luis Arrese vio una oportunidad tal vez la última para llevar adelante el viejo proyecto de institucionalizar el franquismo a partir de reforzar los poderes del partido único falangista, y aminorar así la orientación monárquica y católica que había predominado desde 1945. Pero cuando en el otoño se conocieron los borradores de las tres leyes fundamentales que estaba preparando la de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, la Orgánica del Movimiento Nacional y la de Ordenación del Gobierno, se desató una gran oposición al proyecto en el seno del Ejército, de la Iglesia Católica, del resto de familias del régimen y del propio gobierno el almirante Carrero Blanco incluido, ya que concedía unos enormes poderes al partido único, concretamente a su Secretario General y a su Consejo Nacional aunque esos poderes sólo serían realmente efectivos tras la muerte del general Franco, y por tanto sólo afectarían a su sucesor. Lo que pretendía Arrese era, pues, construir un auténtico Estado nacional-sindicalista que, tal como había dicho en una concentración falangista celebrada en marzo de 1956, en Valladolid, colmara la insatisfacción de los falangistas porque muchas de nuestras aspiraciones revolucionarias están pendientes de realizar y porque la sociedad que nos circunda tiene mucho de injusta y mucho de sucia.

Los monárquicos franquistas tildaron el proyecto de totalitario y la jerarquía eclesiástica lo denunció por estar en desacuerdo con las doctrinas pontificias y por no tener raíces en la tradición española, defendiendo, en cambio, que se promoviera una verdadera representación orgánica en vez de una dictadura de partido único, como fue el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania o el peronismo en la República Argentina en diciembre de 1956, tres cardenales, entre ellos el cardinal primado Pla y Deniel, se entrevistaron con Franco en El Pardo para entregarle una declaración en contra del proyecto de Arrese. Ante tal cúmulo de presiones, y ante la prioridad que comenzó a dar a los problemas económicos, el Generalísmo decidió en febrero de 1957, archivar sine die el proyecto de Arrese. Del mismo sólo vería la luz al año siguiente el proyecto de Principios del Movimiento, pero totalmente transformado.

Para cerrar la crisis el Generalísimo Franco cambió el gobierno el 25 de febrero, desplazando a Arrese al nuevo ministerio de la Vivienda y nombrando como nuevo ministro secretario general del Movimiento a José Solís Ruiz, coronel jurídico, responsable de la Organización Sindical Española. Por otro lado, como en otros momentos de crisis, Franco se apoyó en los militares y nombró ministros a ocho de ellos.

La Ley de Principios del Movimiento y el agotamiento del modelo autárquico (1957-1959).

Ante el serio agravamiento de la situación económica, el almirante Carrero Blanco convenció a Franco para nombrara en los Ministerios económicos a dos técnicos que tenían en común pertenecer a un instituto secular católico llamado Opus Dei Alberto Ullastres, que se haría cargo del Ministerio de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, del de Hacienda. Carrero Blanco había entrado en contacto con este grupo a través de un joven catedrático de derecho, Laureano López Rodó, también miembro del Opus Dei, al que Carrero acababa de nombrar para un alto cargo en su ministerio, la Subsecretaría de la Presidencia. Estos tres políticos, como los equipos que les acompañaron y los que les siguieron, procedían del mundo católico antidemocrático y autoritario pero no accedían al gobierno para ejecutar una política católica, sino que su objetivo era poner en marcha un programa de racionalización y liberalización económica conectada a una reforma de la Administración del Estado. Nada más constituirse el gobierno en febrero de 1957, López Rodó creó en la Presidencia del Gobierno la Oficina de Coordinación y Planificación Económica OCYPE, dirigida por él mismo y a la que pertenecían Ullastres y Navarro Rubio.

En cuanto a la reforma de la Administración se aprobaron dos importantes leyes la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de julio de 1957, en la que no se mencionaba al Movimiento Nacional, y la Ley de Procedimiento Administrativo, de julio de 1958, que se completarían en 1964, con la aprobación de Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Del viejo proyecto falangista de Arrese, sólo se hizo realidad el primer anteproyecto de ley que preparó, aunque se trataba de una nueva versión elaborada por Carrero Blanco y su equipo de tecnócratas encabezados por López Rodó que compartían con él el proyecto de institucionalizar el régimen franquista en forma de una monarquía tradicional y católica, aunque defensora de una economía libre de mercado. Así, su redacción final todavía estuvo más alejada de los 26 puntos de Falange. Fue promulgada por el general Franco el 29 de mayo de 1958, como caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y constituyó la sexta ley fundamental del franquismo. En ella se definía al Movimiento no como un partido o una organización, sino como una comunión al modo carlista y el régimen franquista era caracterizado como una monarquía tradicional, católica, social y representativa, un principio permanente e inalterable por su propia naturaleza. Además se reiteraba la confesionalidad Católica, Apostólica y Romana del Estado español y su compromiso con la la participación del pueblo en las tareas de gobierno a través de la representación orgánica de las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y sindicato.

A partir de 1958, reaparecieron las huelgas que continuaban siendo un delito, sobre todo en Asturias y en Cataluña, centradas en las reclamaciones salariales ya que la inflación estaba provocando la caída de los salarios reales. En particular, la minería de.la hulla asturiana fue escenario de recurrentes huelgas que aportaron un nuevo mecanismo de representación obrera que iba a tener singular éxito en el futuro: la comisión de obreros elegida entre los huelguistas, al margen los enlaces sindicales y de los vocales jurados de empresa de la Organización Sindical franquista, para plantear sus reclamaciones directamente a la dirección de su empresa o a los patronos. La intensidad del movimiento huelguístico asturiano fue tal que llevó a Franco a decretar el 14 de marzo de 1958, la segunda suspensión del Fuero de los Españoles y el estado de excepción en la región por cuatro meses.

Los años cincuenta se cerraron con dos acontecimientos bastante importantes en la historia del franquismo, la inauguración el 1 de abril de 1959, 20 años después del final de la guerra civil del Valle de los Caídos, el monumento conmemorativo del Generalísimo a su victoria en la Guerra Civil y que iba a acoger sus restos cuando muriera; y la breve visita a Madrid del presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, en diciembre de 1959, nada menos que el excomandante en jefe de los ejércitos aliados que habían derrotado a las potencias fascistas en la II Guerra Mundial. Esta visita, según Moradiellos, probablemente constituyó la apoteosis internacional de la dictadura de Franco.