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martes, 2 de mayo de 2017

Guerra de España ( 1936 - 1939 ) " 4ª Parte "



El gobierno de Juan Negrín (mayo de 1937-marzo de 1939).

El nuevo gobierno que formó el socialista Juan Negrín en mayo de 1937, respondió al modelo de las coaliciones de Frente Popular: tres ministros socialistas ocupando las posiciones fundamentales el propio Negrín, que mantuvo la cartera de Hacienda que ya había ostentado en el gobierno de Largo Caballero, Indalecio Prieto, sobre el que recayó toda la responsabilidad en la conducción de la guerra, al ser nombrado al frente del nuevo Ministerio de Defensa, y Julián Zugazagoitia en Gobernación, dos republicanos de izquierda, dos comunistas, uno del PNV y otro de Esquerra Republicana de Catalunya. Según Santos Juliá, detrás de este gobierno estaba Manuel Azaña, que pretendía "un gobierno capaz de defenderse en el interior y de no perder la guerra en el exterior. Con Prieto a cargo de un Ministerio de Defensa unificado, sería posible defenderse; con Negrín en la presidencia, se podían abrigar esperanzas de no perder la guerra en el exterior.

La política del nuevo gobierno tuvo cinco ejes fundamentales, algunos ya iniciados por Largo Caballero la culminación de la formación del Ejército Popular y el desarrollo de la industria de guerra lo que llevó al gobierno a trasladarse de Valencia a Barcelona en noviembre de 1937 para, entre otras razones, poner en pleno rendimiento la industria de guerra catalana la continuación de la recuperación por el gobierno central de todos los poderes, con la justificación de que la dirección de la guerra así lo reclamaba fue disuelto el Consejo de Aragón, último baluarte de la CNT, el traslado del gobierno de Valencia a Barcelona para asentar definitivamente la autoridad del gobierno en Cataluña relegó al gobierno de la Generalidad de Lluís Companys a un papel secundario. mantenimiento del orden público y la seguridad jurídica con Zugazagoitia en Gobernación e Irujo en Justicia, se redujeron las ejecuciones extrajudiciales y las actividades de las checas, pero en la desaparición del líder del POUM el gobierno dejó hacer a los comunistas y a los agentes soviéticos del NKVD,se dieron garantías a la pequeña y mediana propiedad, se intentó cambiar la política de no-intervención de Gran Bretaña y Francia por la de mediación en el conflicto, para que presionaran a Alemania e Italia y cesaran en su apoyo a los sublevados, con el objetivo final de alcanzar una paz negociada, pero no se consiguió nada. El gran derrotado de esta línea política fue el sindicalismo, tanto el de la UGT y como el de la CNT. Por el contrario, los que resultaron más reforzados fueron los comunistas, de ahí la acusación lanzada contra Negrín de ser un criptocomunista.

Las derrotas de la República en la batalla de Teruel y en la ofensiva de Aragón provocaron la crisis de marzo de 1938. Azaña y Prieto consideraron que lo que había sucedido mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar la guerra y que había que negociar una rendición con apoyo franco-británico. Frente a ellos Negrín y los comunistas eran firmes partidarios de continuar resistiendo. La crisis se abrió al intentar Negrín que Prieto cambiara de ministerio habiendo declarado su convicción de que la guerra estaba perdida, Prieto era el peor de los ministros de Defensa posible, pero Azaña respaldó a Prieto, así como el resto de los republicanos de izquierda y los nacionalistas de Esquerra y del PNV. Sin embargo, estos no consiguieron articular ninguna alternativa a Negrín, y este acabó saliendo reforzado de la crisis, con la consiguiente salida de Prieto del gobierno.

Negrín recompuso el gobierno el 6 de abril y asumió personalmente el Ministerio de Defensa e incorporó al gabinete a los dos sindicatos, UGT y CNT. Además José Giral fue sustituido en el ministerio de Estado por el socialista Julio Álvarez del Vayo. Las posiciones del nuevo gobierno con vistas a unas posibles negociaciones de paz quedaron fijadas en su Declaración de los 13 puntos, hecha pública en la significativa fecha del 1º de mayo. En ella, el gobierno anunciaba que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de España y establecer una República democrática cuya estructuración jurídica y social sería aprobada en referéndum; afirmaba su respeto a la propiedad legítimamente adquirida, la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada, y anunciaba una amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. En su intento de aparecer ante las potencias extranjeras con la situación interior controlada, Negrín inició gestiones infructuosas con el Vaticano para restablecer relaciones diplomáticas y abrir las iglesias al culto.



Negrín era consciente de que la supervivencia de la República no solo dependía del fortalecimiento del Ejército Popular y de que se mantuviera la voluntad de resistencia de la población civil en la retaguardia, sino también de que Francia y Gran Bretaña pusieran fin a la política de no intervención o de que al menos presionaran a las potencias fascistas para que estas a su vez convencieran al Generalísimo Franco para que aceptara un final negociado. Negrín pensaba que su política era la única posible. Como dijo en privado no se puede hacer otra cosa. Así pues, su idea era resistir para negociar un armisticio que evitara el reinado de terror y de venganzas sangrientas las represalias y fusilamientos por parte de los vencedores sobre los vencidos que Negrín sabía que Franco iba a imponer, como efectivamente acabó sucediendo.

Además Negrín, el general Vicente Rojo Lluch, jefe del Estado Mayor, y los comunistas, creían posible que el ejército republicano aún era capaz de una última ofensiva, que se inició el 24 de julio de 1938, dando comienzo así a la batalla del Ebro, la más larga y decisiva de la Guerra Civil. Pero después de tres meses de duros combates, se produjo una nueva derrota del ejército republicano que tuvo que volver a sus posiciones iniciales, con decenas de miles de bajas y una pérdida considerable de material de guerra que ya no podría utilizarse para defender Cataluña frente a la decisiva ofensiva franquista.

Poco antes de que finalizara la batalla del Ebro se produjo otro hecho que también fue determinante para la derrota de la República, esta vez procedente del exterior. El 29 de septiembre de 1938, se firmaba el acuerdo de Múnich entre Gran Bretaña y Francia, por un lado, y Alemania e Italia, por otro, que cerraba toda posibilidad de intervención de las potencias democráticas a favor de la República. De las misma forma que ese acuerdo supuso la entrega de Checoslovaquia a Hitler, también supuso abandonar a la República Española a los aliados de nazis y fascistas. De nada sirvió que en un último intento desesperado de obtener la mediación extranjera Negrín anunciara ante la Sociedad de Naciones el 21 de septiembre, una semana antes de que se firmara el acuerdo de Múnich, la retirada unilateral de los combatientes extranjeros que luchaban en la España republicana, aceptando sin esperar a que los nacionales hicieran lo propio la resolución del Comité de No Intervención que proponía un Plan de retirada de voluntarios extranjeros de la Guerra de España. El 15 de noviembre de 1938, el día de antes del fin de la batalla del Ebro, las Brigadas Internacionales desfilaban como despedida por la avenida Diagonal de Barcelona. En el campo rebelde, por su parte, en octubre de 1938, seguros ya de su superioridad militar y de que la victoria estaba cerca, decidieron reducir en un cuarto las fuerzas italianas.

La última operación militar de la guerra fue la campaña de Cataluña, que acabó en un nuevo desastre para la República. El 26 de enero de 1939, las tropas de Franco entraban en Barcelona prácticamente sin lucha. El 5 de febrero ocupaban Gerona. Cuatro días antes, el día 1 de febrero de 1939, en las sesiones celebradas por lo que quedaba del Congreso en el castillo de Figueras, Negrín redujo los 13 puntos a las tres garantías que su gobierno presentaba a las potencias democráticas como condiciones de paz: independencia de España, que el pueblo español señalara cuál habría de ser su régimen y su destino y que cesara toda persecución y represalia en nombre de una labor patriótica de reconciliación. Pocos días después, hizo saber a los embajadores francés y británico que estaba dispuesto a ordenar un cese inmediato de las hostilidades si su gobierno obtenía garantías de que no habría represalias. Pero no las recibió.

El día 6 de febrero, las principales autoridades republicanas, encabezadas por el Presidente Azaña, cruzaban la frontera seguidos de un inmenso éxodo de civiles y militares republicanos que marchaban al exilio. El día 9 de febrero hacía lo mismo el presidente del gobierno, Juan Negrín, pero en Toulouse cogió un avión para regresar a Alicante el día 10 de febrero acompañado de algunos ministros con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur. El único apoyo con el que contaba ya Negrín, además de una parte de su propio partido el PSOE quedó dividido entre negrinistas y antinegrinistas eran los comunistas.

La dimensión internacional del conflicto y la intervención extranjera, en la Guerra Civil Española.

La guerra de España como la llamó la prensa internacional tuvo una repercusión inmediata en las complicadas relaciones internacionales de la segunda mitad de la década de los años treinta. En Europa existía una pugna política, diplomática, ideológica y estratégica a tres bandas entre las potencias democráticas, Gran Bretaña y Francia, las potencias fascistas, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y la Unión Soviética de Stalin y el asunto español fue enfocado por cada Estado europeo desde sus intereses concretos.

Los regímenes fascistas europeos Alemania e Italia y el Portugal salazarista apoyaron desde el principio a los militares sublevados, mientras que la República, tras negarle su ayuda Francia y Gran Bretaña que optaron por la política de No Intervención, obtuvo el apoyo de la URSS y de las Brigadas Internacionales a partir de octubre de 1936, también recibió el apoyo casi simbólico de México. Este apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar la guerra en los primeros meses. La ayuda italo-germana permitió a los militares sublevados trasladar el Ejército de África a la península a finales de julio de 1936, y la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la defensa republicana de Madrid en noviembre de 1936.

Hay un aspecto humanitario de la dimensión internacional de la Guerra Civil que no hay que olvidar: que la mayoría de las embajadas y legaciones extranjeras de Madrid y algunos consulados de capitales de provincia dieron asilo político a miles de españoles de ambos bandos que se encontraban en peligro de muerte.

La política de no intervención de Gran Bretaña y Francia.

Gran Bretaña y Francia veían que la guerra de España podía complicar aún más el difícil juego estratégico que se desarrollaba a escala europea. Por ello, la primera orientación de la diplomacia de esas potencias fue la de procurar el aislamiento del conflicto español. A esa estrategia se debió la política sobre la No-Intervención al que se sumaron 27 países de Europa y que dio nacimiento al Comité de No Intervención con sede en Londres.

La no intervención estuvo determinada por la política británica de apaciguamiento, appeasement policy de la Alemania nazi, a la que se vio arrastrado el gobierno del Frente Popular de Francia, que solo contaba con los británicos ante una posible agresión alemana. Además las simpatías del gobierno conservador británico se fueron decantando hacia el bando sublevado, ante en el temor de que España cayera en el caos de alguna forma de bolchevismo en palabras del cónsul británico en Barcelona si ganaba la guerra el bando republicano.

La idea partió del gobierno francés consciente de que ya que no podían ayudar a la República porque ello supondría abrir un gran conflicto interno en la sociedad francesa y además enturbiaría las relaciones con su aliado vital, Gran Bretaña, al menos podrían impedir la ayuda a los sublevados. El gobierno británico se sumó enseguida al proyecto, aunque el mismo ponía en el mismo plano a un Gobierno legal y a un grupo de militares rebeldes.

Pero en la práctica la política de no intervención se convirtió en una farsa, como la calificaron algunos contemporáneos, porque Alemania, Italia y Portugal no suspendieron en absoluto sus envíos de armas y municiones a los sublevados. La República, que a partir de octubre de 1936, comenzó a recibir la ayuda soviética, denunció ante la Sociedad de Naciones la intervención de las potencias fascistas en favor de los sublevados, aunque estas nunca fueron amonestadas.



La intervención extranjera en favor de los sublevados.

Ante el fracaso del golpe de estado de julio de 1936, en cuanto a la toma inmediata del poder, los militares sublevados obtuvieron ayuda rápidamente de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Las ayudas en hombres al bando sublevado se materializaron en la Legión Cóndor alemana unos 6000 hombres y el Corpo di Truppe Volontarie italiano un máximo de 40.000, más un contingente de combatientes portugueses denominados Viriatos. Para que no hubiera duda de su compromiso con la causa del bando sublevado, el 18 de noviembre de 1936, en plena batalla de Madrid, Italia y Alemania reconocieron oficialmente al Generalísimo Franco y a su Junta Técnica del Estado como el gobierno legítimo de España. En cuanto a armamento, según Julio Aróstegui, los sublevados recibieron de Italia y de Alemania 1359 aviones, 260 carros de combate, 1730 cañones, fusiles, y municiones para todo ello.

Los combatientes alemanes, italianos y portugueses eran soldados regulares a los que se les proporcionaba una paga en su país de origen, aunque la propaganda de los sublevados siempre los presentó como voluntarios. Los voluntarios genuinos fueron unos mil o mil quinientos hombres, entre los que destacaron la Brigada Irlandesa del general Eoin O'Duffy, integrada por unos 500-900 efectivosd que habían venido a combatir a España para librar la batalla de la cristiandad contra el comunismo aunque solo participaron en la batalla del Jarama y unos meses después volvieron a Irlanda, y 300-500 franceses de la organización ultraderechista Croix-de-feu luego convertida en el Partido Social Francés que constituyeron el batallón Jeanne d'Arc. e También hay que contar entre los extranjeros que participaron en el bando sublevado a los miles de marroquíes del Protectorado español de Marruecos que fueron enrolados de forma intensiva en las tropas de Regulares del Ejército de África a cambio de una paga.

La razón principal de la ayuda de la Alemania nazi a Franco fue que Hitler consideró que en la inevitable guerra europea que iba a estallar en los próximos años sería mejor contar en España con un gobierno favorable encabezado por militares anticomunistas que por uno republicano que reforzaría sus vínculos con Francia y con su aliada Gran Bretaña y con la Unión Soviética. En la decisión de Hitler también contaron otros dos factores, uno ideológico según la propaganda nazi la guerra de España era una confrontación entre fascistas y marxistas, responsabilizando a la Unión Soviética y al comunismo internacional de haberla causado y otro militar experimentar nuevas armas y nuevas tácticas, lo que se concretó en el despliegue en la zona sublevada de una unidad aérea completa, apoyada por tanques y cañones antiaéreos, denominada la Legión Cóndor. Se probaron los cazas Messerschmitt Bf  y Junkers Ju  A/B y los bombarderos Junkers Ju  y Heinkel He . Asimismo estrenó en España sus tácticas de bombardeo sobre ciudades. Aunque no fue el único, el más famoso fue el bombardeo de Guernica representado por Picasso en su cuadro Guernica, expuesto en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937.

La razón principal de la ayuda de la Italia fascista era ganar un aliado para el proyecto de Mussolini de construir un imperio en el Mediterráneo, y de esa forma debilitar la posición militar de Francia y de Gran Bretaña. También como los nazis utilizó el anticomunismo en su propaganda para justificar la intervención en la guerra civil española.

Aunque menos aireada, la ayuda a los sublevados por parte de la dictadura de Oliveira Salazar de Portugal también fue importante, sobre todo en los primeros meses de la guerra porque dejó que los militares rebeldes utilizaran sus carreteras, ferrocarriles y puertos para comunicar la zona norte con Andalucía, y además devolvió a la zona sublevada a los republicanos que huían de la represión. Después Portugal constituyó una base de operaciones para la compra de armas y además fue un firme aliado de los sublevados en la farsa de la no intervención, a quienes siempre defendió ante el Comité de No Intervención y en la Sociedad de Naciones.

La intervención extranjera en favor de la República.

Stalin respondió positivamente a la petición de ayuda formulada por el gobierno republicano, no inmediatamente sino cuando se convenció de que si la República española era derrotada aumentaría el poder de las potencias fascistas en Europa, lo que supondría una amenaza para la Unión Soviética igual que para Francia, una posible aliada. Así fue como en septiembre de 1936, Stalin decidió enviar material bélico a la República española y ordenó además al Komintern que organizara el envío de voluntarios, que formarían las Brigadas Internacionales. Por las Brigadas pasaron un total aproximado de 40.000 hombres y el material de guerra soviético que la República recibió, cuyos primeros envíos llegaron al puerto de Cartagena a principios de octubre de 1936, fueron 1100 aviones, 300 carros de combate y 1500 cañones a los que habría que añadir algunas pequeñas partidas francesas, de artillería y aviones, y fusiles y munición mexicanos. Otros autores precisan más las cifras y afirman que la URSS envió 680 aviones cazas Chato y Mosca y bombarderos Katiuska, 331 carros de combate, 1699 piezas de artillería, 60 coches blindados, 450.000 fusiles Mosin-Nagant, 20 486 ametralladoras y ametralladoras ligeras DP y 30.000 toneladas de munición.243 Este material de guerra fue acompañado de unos 2000 técnicos, pilotos y asesores militares y también agentes del NKVD, la policía secreta estalinista, bajo el mando de Alexander Orlov. Asimismo envió combustible, ropa y alimentos, parte de ellos sufragados con donaciones populares. Los soviéticos, como los alemanes y los italianos, probaron armas y tácticas de combate.

Del reclutamiento y de los aspectos organizativos de las Brigadas Internacionales se encargaron dirigentes del Partido Comunista Francés, encabezados por André Marty, y el centro de reclutamiento se estableció en París. La inmensa mayoría de los que se alistaron fueron verdaderamente voluntarios de la libertad como decía la propaganda republicana llegados desde los países dominados por dictaduras y por el fascismo, como Alemania, Italia o Polonia, pero también de los países democráticos como Francia que aportó el mayor número de brigadistas, unos 9000, Gran Bretaña y Estados Unidos con el famoso batallón Lincoln. Por tanto las Brigadas Internacionales no fueron el Ejército de la Komintern como aseguraba la propaganda del bando sublevado, instrumento de la política de Stalin. El centro de entrenamiento en España se situó en Albacete y allí se organizaron las cinco brigadas numeradas de la XI a la XV, cuya entrada en combate se produjo en la batalla de Madrid.

México apoyó la causa republicana de forma militar, diplomática y moral: proveyendo a las fuerzas leales de 20.000 rifles, municiones se habla de un aproximado de 28 millones de cartuchos, 8 baterías, algunos aviones y comida, así como creando asilos para cerca de 25.000 españoles republicanos, dando protección, techo, alimentación y comida a miles de intelectuales, familias y niños que llegaron al puerto de Veracruz. Argentina cooperó en la evacuación de asilados hacia Francia con dos buques de la Armada Argentina, el ARA  de mayo y el ARA Tucumán.

La financiación de la guerra y el Oro de Moscú.

La República financió la guerra con las reservas de oro del Banco de España que envió a la Unión Soviética lo que la propaganda franquista llamó el oro de Moscú, menos una cuarta parte que fue vendida a Francia. El oro de Moscú estaba destinado al pago del armamento adquirido a Rusia y otros países que hubo de abonarse siempre, mientras que las entregas alemanas e italianas a los sublevados eran gratis o con pago diferido en mercancías. Se evalúa el oro salido hacia Moscú en 510 toneladas, con un valor de 530 millones de dólares de la época. Hoy sabemos que no hay más oro de Moscú que ese, que fue invertido en su totalidad en la compra de armas.

La oportunidad y el acierto de la decisión del gobierno de Largo Caballero de depositar en Moscú la mayor parte de las reservas de oro del Banco de España a donde llegaron a principios de noviembre de 1936, ha sido objeto de polémica entre los historiadores. Unos afirman, siguiendo fundamentalmente las investigaciones de Ángel Viñas, que el gobierno republicano no tenía otra opción, debido a la hostilidad que habían mostrado hacia la República los bancos de Gran Bretaña y Francia, por lo que la Unión Soviética era la única que garantizaba armamento y alimento a cambio de oro. Por el contrario Pablo Martín-Aceña, un investigador especializado en la financiación de la Guerra Civil, cree que el gobierno de la República decidió con precipitación antes de haber explorado otras opciones, como Francia e incluso Estados Unidos.

La propaganda franquista dijo que el oro del Banco de España al que llamó el oro de Moscú había sido robado por la República y entregado a Stalin sin contrapartidas, pero las investigaciones de Ángel Viñas han demostrado que el oro de Moscú se gastó en su totalidad en compras de material bélico. Por su parte el Banco de Francia adquirió 174 toneladas de oro, una cuarta parte del total de las reservas, por las que pagó a la Hacienda republicana 195 millones de dólares. En total, entre el oro de Moscú tres cuartas partes de las reservas del Banco de España y el oro de París una cuarta parte, del que la propaganda franquista nunca habló las autoridades republicanas obtuvieron 714 millones de dólares que fue el coste financiero de la Guerra Civil para la República. En Rusia no quedó nada del oro español y las reservas estaban prácticamente agotadas en el verano de 1938. El problema fue que debido a la política de no intervención en muchas ocasiones los emisarios de la República fueron estafados por los traficantes de armas que les vendieron equipos obsoletos a precios mucho mayores del coste real. Los gobiernos republicanos también fueron estafados por la propia Unión Soviética, como ha señalado Gerald Howson, o por Polonia y otros países que abusaron de la precaria situación republicana para venderles chatarra bélica.

Por su parte el bando sublevado, como no contaba con oro, sufragó la mayor parte del coste de la guerra unos 700 millones de dólares, una cantidad similar a la gastada por la República mediante créditos obtenidos de Italia y de Alemania. La Alemania nazi se cobró una parte del material de guerra que suministró en especie un sistema ideado por Hermann Goering con alimentos, materias y primas y minerales españoles que llegaban a Alemania a través de dos compañías creadas con tal fin. Algo parecido ocurrió con Italia, por lo que las dos potencias fascistas sustituyeron a Francia y Gran Bretaña como los primeros clientes comerciales de España. Asimismo los sublevados también obtuvieron ayuda económica y financiera de empresas y hombres de negocios de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, especialmente de aquellos que más simpatizaban con la causa nacional por ejemplo, las empresas norteamericanas y británicas Texaco y Shell les vendieron a crédito petróleo durante toda la guerra. El bando sublevado también recibió ayuda financiera de españoles ricos como Juan March, que aportó 15 millones de libras esterlinas, o del exrey Alfonso XIII, que donó 10 millones de dólares.



La Iglesia y la guerra civil española. La Iglesia católica en la zona sublevada.

Aunque la motivación religiosa no aparece en ninguno de los bandos de pronunciamiento del golpe de estado en España de julio de 1936, la conversión del golpe de estado en una cruzada o guerra santa en defensa de la religión, se produjo rápidamente, lo que resultó muy oportuno para legitimar el golpe militar. Esta sacralización de la guerra se acentuó sobre todo cuando comenzaron a llegar a la zona sublevada las primeras noticias de la salvaje persecución religiosa que se había desencadenado en la zona republicana, donde el alzamiento militar había fracasado. José María Pemán, uno de los principales ideólogos del bando sublevado escribió, el humo del incienso y el humo del cañón, que sube hasta las plantas de Dios, son una misma voluntad vertical de afirmar una fe y sobre ella salvar un mundo y restaurar una civilización.

La mayoría de los obispos españoles esperaron a que el Vaticano se pronunciara antes de hacer pública su visión de la guerra, pero esto no ocurrió hasta el 14 de septiembre de 1936, cuando el papa Pío XI pronunció el discurso La vostra presenza en su residencia veraniega de Castelgandolfo en una audiencia pública a un grupo de unos 500 católicos españoles que habían conseguido huir de la zona republicana, muchos de ellos gracias a la ayuda de las autoridades republicanas, especialmente de la Generalidad de Cataluña. Pero en el discurso el Papa no utilizó el término de cruzada para referirse al conflicto bélico en España sino el de Guerra Civil entre los hijos del mismo pueblo, de la misma madre patria e hizo una exhortación final a amar a los enemigos. De hecho en la zona sublevada del discurso solo se publicaron aquellos párrafos que parecían ratificar la condición de cruzada de la guerra civil y se suprimió toda la segunda parte en que se exhortaba a amar a los enemigos. Los obispos españoles, que al principio solo conocieron el discurso de Pío XI en esta versión propagandística, hicieron públicas inmediatamente encendidas pastorales a favor de los sublevados, entre las que destacó la del obispo de Salamanca Enrique Pla y Deniel publicada el 30 de septiembre de 1936, solo un día antes de que el general Franco fuera proclamado Generalísmo y Jefe del Gobierno del Estado, bajo el título Las dos ciudades y en la que declaraba la guerra como una cruzada por la religión, la patria y la civilización cuando Pla y Deniel conoció la versión completa no se retractó en absoluto de su pastoral, como tampoco lo hicieron el resto de obispos. De esta forma Franco contó con el apoyo y bendición de la Iglesia católica. En el mismo sentido se expresó el cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España.

Se planteó un grave problema para la idea de cruzada defendida por el bando sublevado cuando el Partido Nacionalista Vasco PNV, un partido católico, permaneció fiel a la República por lo que en el País Vasco republicano, que comprendía Vizcaya y Guipúzcoa, no hubo persecución religiosa, ninguna iglesia fue incendiada ni clausurada y el culto católico se desarrolló con normalidad, lo que echaba por tierra la concepción de la Guerra Civil como una cruzada. Por eso el 6 de agosto de 1936, solo tres semanas después del golpe de julio, el obispo de Vitoria cuya diócesis abarcaba entonces también Vizcaya y Guipúzcoa, además de Álava Mateo Múgica y el obispo de Pamplona Marcelino Olaechea, publicaron conjuntamente una Instrucción Pastoral que en realidad había sido escrita por el cardenal primado de Toledo Isidro Gomá en la que instaban a los nacionalistas vascos a que pusieran fin a su colaboración con la República. En la instrucción pastoral, y en otros escritos posteriores del cardenal Gomá sobre la "cuestión vasca", se hace referencia a los sacerdotes asesinados en las primeras semanas de la guerra por los nacionales, y no por los rojos, y cuya muerte en cierta forma justifica por ser separatistas. El asesinato de estos sacerdotes motivó las protestas del obispo de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu que fue respondida por la Junta de Defensa Nacional con la exigencia al Vaticano de que fuera destituido de su obispado y abandonara España, a pesar de haber apoyado el alzamiento el 14 de octubre de 1936, el obispo Múgica salió camino del exilio. Esta cuestión vasca reapareció cuando el País Vasco republicano fue ocupado por los nacionales en junio de 1937, a causa de que la represión también incluyó a numerosos sacerdotes vascos separatistas que fueron encarcelados por el delito de rebelión.

Dos meses después se hizo pública la Carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en España que fue redactada por el cardenal primado de Toledo Isidro Gomá a instancias del Generalísimo Francisco Franco que le pidió el 10 de mayo de 1937 que, dado que el episcopado español le apoyaba, publicara un escrito que, dirigido al episcopado de todo el mundo, con ruego de que procure su reproducción en la prensa católica, pueda llegar a poner la verdad en su punto. La verdad que pretendía el general Franco que se difundiera en este documento estaba destinada a contrarrestar la condena hecha por amplios sectores del catolicismo europeo y americano más avanzado de los asesinatos cometidos por los nacionales de catorce sacerdotes en el País Vasco y de miles de obreros y campesinos en toda la zona sublevada, además de su rechazo a considerar a la guerra civil española como una cruzada o guerra santa.

El objetivo que perseguía Franco con la carta colectiva de ganarse a la opinión católica mundial en favor de la causa del bando sublevado lo logró plenamente porque prácticamente los obispos de todo el mundo adoptaron a partir de entonces el punto de vista sobre la Guerra Civil Española que manifestaba la carta colectiva, sobre todo por la descripción que se hacía en ella de la persecución religiosa que se había desencadenado en la zona republicana. Sin embargo, cinco obispos no la suscribieron. Entre ellos se encontraba el obispo exiliado de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu que no podía firmar un documento en el que, respondiendo a la acusación de que en la zona franquista también había una dura represión, se elogiaban los principios de justicia y el modo de aplicarla de los tribunales militares. Tampoco la firmó el cardenal Vidal y Barraquer, que era sin duda el caso más significativo de los cinco porque se trataba tal vez de la figura más destacada de aquel momento de la Iglesia Católica en España. La negativa a firmar la carta se basó en que él creía que en aquella guerra fratricida la Iglesia no debía identificarse con ninguno de los dos bandos, sino más bien hacer obra de pacificación.

El Vaticano anunció que iba a reconocer plenamente al bando sublevado, en medio del derrumbe del frente de Aragón de la primavera de 1938, cuando comunicó que iba nombrar un nuncio que sustituiría al delegado papal Ildebrando Antoniutti, que desde julio de 1937, había detentado la representación pontificia ante el Generalísimo Franco. El designado por el papa Pío XI fue monseñor Gaetano Cicognani. Presentó sus cartas credenciales a Franco el 24 de mayo, y un mes después, el 30 de junio, hacía lo mismo en solemnes audiencia ante Pío XI el embajador de la España nacional ante el Vaticano, José Yanguas Messía.

Cuando se produjo el triunfo de los nacionales en la guerra, la Iglesia española, que se había adherido masivamente al alzamiento, se volcó con entusiasmo en las fiestas de la victoria sobre la otra media. Y la misma Santa Sede, que durante la mayor parte del conflicto se había mostrado tan reticiente, al final se sumó también a las celebraciones. El 1 de abril de 1939, el mismo día en que el Generalísmo Franco emitió el famoso último parte en el que proclamaba la guerra ha terminado, el papa Pío XII el cardenal Pacelli que el día 2 de marzo había sido nombrado papa tras la muerte de Pío XI felicitaba telegráficamente a Franco por su victoria católica. Dos semanas después, el 16 de abril de 1939, Radio Vaticano difundió un mensaje leído por el propio papa Pío XII que decía:

Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la Católica España, para expresaros nuestra paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria, con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sufrimientos.

El 20 de mayo de 1939, un mes después del desfile de la Victoria presidido en Madrid por el Generalísmo Franco, tuvo lugar en la Iglesia de Santa Bárbara de Madrid una ceremonia político-religiosa medievalizante que quería representar en forma de drama sacro la ideología de la guerra santa que acababa de concluir en la que el general Franco con uniforme de capitán general, camisa azul de Falange y boina roja de los requetés acompañado de su esposa entró bajo palio en el templo mientras el órgano hacía sonar el himno nacional donde ofrendó la espada de la victoria a Dios. A continuación el cardenal Gomá, que presidía la ceremonia acompañado de diecinueve obispos y en presencia del nuncio del Vaticano monseñor Cicognani, bendijo al Caudillo hincado de rodillas ante él:

El señor sea siempre contigo. Él, de quien procede todo Derecho y todo Poder y bajo cuyo imperio están todas las cosas, te bendiga y con amorosa providencia siga protegiéndote, así como al pueblo cuyo régimen te ha sido confiado. Prenda de ello sea la bendición que te doy en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.



La Iglesia católica en la zona republicana.

Milicianos vestidos con ropas litúrgicas tras el saqueo de una iglesia. Madrid, 1936,
Sobre todo durante los primeros meses de la guerra en la zona republicana se desató una salvaje persecución religiosa con asesinatos, incendios y saqueos cuyos autores fueron los extremistas, los incontrolados y los delincuentes comunes salidos de las cárceles que se les sumaron, todo ello inmerso en la ola de violencia desatada contra las personas y las instituciones que representaban el orden burgués que quería destruir la revolución social española de 1936, que se produjo en la zona donde el alzamiento militar fracasó. Durante varios meses bastaba que alguien fuera identificado como sacerdote, religioso o simplemente cristiano militante, miembro de alguna organización apostólica o piadosa para que fuera ejecutado sin proceso.

En cuanto al número de víctimas un folleto de propaganda franquista editado en París en 1937, cifró el número en 16.750 sacerdotes y el 80% de los miembros de las órdenes religiosas. Estas cifras se mantuvieron como las oficiales durante las dos primeras décadas de la dictadura franquista hasta que en 1961, el sacerdote Antonio Montero Moreno que después sería obispo de Badajoz publicó el único estudio sistemático y serio que se ha realizado hasta ahora, citando por sus nombres a las víctimas. Según ese estudio titulado Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, fueron asesinados en la zona republicana 12 obispos, 4184 sacerdotes seculares, 2365 religiosos y 263 monjas. Queda pendiente conocer el número de los seglares católicos que fueron asesinados no por lo que supuestamente hubieran hecho individualmente sino por pertenecer a una asociación confesional católica o meramente por ser católicos practicantes.

Lo que las investigaciones posteriores a la de Montero Moreno han aclarado es que el mayor número de asesinatos se produjo entre julio y septiembre de 1936, cuando los miembros del clero eran apresados y ejecutados sin ningún tipo de juicio. A partir de la última fecha comenzaron a funcionar los tribunales populares bajo el impulso del nuevo gobierno de Largo Caballero que dieron unas mínimas garantías jurídicas a los detenidos y las condenas solían acabar con penas de prisión y no con la muerte. Tras los sucesos de mayo de 1937, y la formación del gobierno de Juan Negrín en el que el ministerio de justicia fue ocupado por el católico del PNV Manuel de Irujo cesaron completamente los asesinatos y la mayoría de los sacerdotes que estaban en prisión fueron puestos en libertad. Sin embargo, la prohibición del culto público católico continuó así como otras medidas revolucionarias. solo al final de la guerra con la desbandada del ejército republicano hacia la frontera francesa volvieron a producirse nuevas víctimas entre los miembros del clero, entre las que destaca el obispo de Teruel Anselmo Polanco Fontecha. Así pues, según el historiador y monje benedictino Hilari Raguer, no se puede negar la trágica realidad de las matanzas del verano del 36, pero es confusionario pretender que el terror hubiera durado hasta el final de la guerra.

Las autoridades republicanas especialmente los gobiernos autónomos de Cataluña y del País Vasco intentaron evitar los asesinatos de sacerdotes y religiosos, y en general de las personas de derechas y de militares. En el País Vasco el gobierno de José Antonio Aguirre consiguió dominar la situación y allí no hubo persecución religiosa. En Cataluña, a pesar de que el poder efectivo lo tenían los cientos de comités revolucionarios fundamentalmente anarquistas que habían surgido tras la derrota de la sublevación del 19 de julio, la Generalidad presidida por Lluís Companys consiguió poner a salvo a miles de personas de derechas amenazadas, y entre ellas numerosos sacerdotes empezando por la cabeza de la Iglesia en Cataluña, el arzobispo de Tarragona cardenal Vidal y Barraquer que había sido detenido por un grupo de milicianos y religiosos entre ellos 2142 monjas, concediéndoles pasaportes y fletando barcos franceses e italianos para que pudieran huir al extranjero, aunque no pudo evitar que cientos de ellos fueran ejecutados por ser católicos.

Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, la Iglesia y el culto católico en la zona republicana, excepto en el País Vasco, habían desaparecido. En un informe interno presentado ante el Consejo de Ministros el 7 de enero de 1937, el ministro católico sin cartera del PNV Manuel Irujo denunció que en el territorio leal todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. Asimismo, afirmaba Irujo, todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos y sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruidos. Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún. Acabado su informe Irujo pidió al resto de miembros del gobierno de Largo Caballero que aprobaran el restablecimiento de la libertad de conciencia y de la libertad de cultos reconocida en la vigente Constitución de 1931, pero su propuesta fue rechazada por unanimidad por entender que la opinión pública lo desaprobaría debido al alineamiento de la Iglesia católica con el bando sublevado, además de aducir el viejo y falso argumento, pero muy extendido, de que desde los templos se había disparado contra las fuerzas leales y contra el pueblo.

La excepción la constituyó el País Vasco republicano pues allí no hubo persecución religiosa y el culto católico se desarrolló con normalidad. La razón fue que el Partido Nacionalista Vasco PNV, un partido católico, permaneció fiel a la República.

En el gobierno que formó el socialista Juan Negrín tras los sucesos de mayo de 1937 el católico y nacionalista vasco Manuel Irujo ocupó el ministerio de Justicia que era el departamento que tradicionalmente en España se ocupaba de los asuntos religiosos. El encargo que recibió Irujo de Negrín fue que intentara normalizar la vida religiosa en la zona republicana. El primer fruto de la nueva política fue la tolerancia al culto doméstico por lo que las misas celebradas en casas particulares ya no fueron perseguidas ni, con algunas pocas excepciones, daban lugar a detenciones, a pesar de que en ocasiones se convertían en reuniones favorables a los sublevados.

En cuanto al restablecimiento del culto público el gobierno se encontró con la rotunda oposición de los anarquistas, por un lado, y, por otro, por la de algunos católicos republicanos y de las autoridades eclesiásticas que pensaban que las iglesias no se podían reabrir sin más olvidando los asesinatos y los incendios de los primeros meses de la guerra, además de que todo ello se podría convertir en un instrumento de la propaganda republicana. El gobierno llegó a enviar en secreto a Roma a un eclesiástico para que hiciera saber al Vaticano su propósito de normalizar la vida eclesiástica y reconciliarse con la Iglesia. Pero la respuesta del Vaticano fue evasiva sin comprometerse en nada.

Un nuevo gesto de reconciliación con la Iglesia se produjo el 17 de octubre de 1938, cuando cuatro ministros del gobierno presidieron el entierro católico del oficial vasco capitán Vicente Eguía Sagarduy muerto en combate, al que se le dio gran publicidad en la prensa y que tuvo gran impacto a nivel internacional. El paso siguiente fue la creación el 8 de diciembre de 1938, del Comisariado de Cultos de la República encargado de proteger la libertad religiosa y de cultos, al frente del cual Negrín nombró a un colega católico y amigo suyo Jesús María Bellido Golferichs, que aceptó el cargo cumpliendo un deber de católico. Pero el culto público no tuvo tiempo para ser restablecido a causa de la ofensiva de Cataluña que lanzó el Generalísimo Franco el 23 de diciembre de 1938 y que en solo mes y medio ocupó toda Cataluña. Así pues, la reapertura de los templos católicos en Cataluña no fue obra de la República sino que la trajeron las tropas de Franco cuando ya se habían hecho los preparativos para reabrir al culto una de las capillas de la catedral de Tarragona, los nacionales entraron en la ciudad el 15 de enero.



La represión en las retaguardias.

Durante los primeros días, unas 50.000 personas que quedaron atrapadas en el bando contrario fueron ejecutadas mediante los llamados paseos. Estos eran realizados por grupos armados que iban a buscar a la gente a sus casas o las cárceles donde se hallaban presos y bajo el eufemismo de vamos a dar un paseo los llevaban a cualquier carretera o a las tapias del cementerio y los ejecutaban.

Posiblemente el más divulgado de tales ajusticiamientos entre los llevados a cabo por el bando sublevado, debido a la relevancia del protagonista, sea el del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en el barranco de Víznar en Granada. También adquirió gran relevancia la masacre de Badajoz, perpetrada por las tropas sublevadas tras la toma de la ciudad.

Por parte del bando republicano la mayor serie de asesinatos masivos fueron las Matanzas de Paracuellos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, sacas de los presos de las cárceles de Madrid entre los que se encontraba el dramaturgo Pedro Muñoz Seca junto otras personas, intelectuales, religiosos, políticos y militares y asesinados, la mayoría, en la localidad de Paracuellos.

En el contexto de la guerra fueron muchos los que se aprovecharon para realizar tan macabros actos, a veces por venganza sin relación con la propia contienda, y cuando una zona caía en manos de uno u otro bando, no tardaban en llegar los paseos. Especialmente cruel para la población fue el caso de las localidades que fueron intermitentemente ocupadas por ambos bandos, con las consiguientes y repetidas ejecuciones y venganzas.

En la zona bajo control de la República, los enfrentamientos entre milicias y facciones opuestas también sirvieron de coartada a episodios de represión sangrientos, como en el caso de las jornadas de mayo de 1937, en Barcelona, narradas por el escritor inglés George Orwell en su obra Homenaje a Cataluña, basada en su experiencia de primera mano.

El militar Ramón Salas Larrazábal estudió las cifras de víctimas que pudieron morir en estas retaguardias. Consideró, según sus estudios que todas las víctimas fueron inscritas en los Registros Civiles, haciendo un cálculo aproximado de las muertes de la Guerra. En el Anexo, Mortalidad en la guerra civil española, por inscripción en juzgados, se puede ver un resumen de sus conclusiones. Sin embargo en estudios posteriores, y por ejemplo, en Navarra que el consideraba lugar testigo, se ha podido comprobar que las víctimas de la represión eran muy superiores a las cifras que él había calculado.



Investigación de los crímenes.

Terminada la guerra, el bando republicano fue acusado por el bando sublevado de la comisión de crímenes desde los primeros días de la guerra. Las principales acusaciones se refieren a la persecución religiosa contra los católicos, la creación de centros de detención semiclandestinos, checas, donde se torturaba y asesinaba a los sospechosos de simpatizar con el bando contrario y la realización de asesinatos masivos como las matanzas de la Cárcel Modelo de Madrid y de Paracuellos. El régimen franquista promovió una extensa investigación sobre estos hechos conocida como Causa General que, pese a haber sido realizada con parcialidad y sin las suficientes garantías procesales, contó con abundantes pruebas documentales y testificales.

Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados. Numerosas voces del ámbito jurídico como Baltasar Garzón exmagistrado español de la Audiencia Nacional, Carlos Jiménez Villarejo fundador de la asociación Justicia Democrática, Raúl Zaffaroni penalista y magistrado de la Corte Suprema de Argentina, así como diversas asociaciones de víctimas del franquismo y otros, sostienen que el bando sublevado cometió actos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya que en la documentación ahora disponible, como los archivos militares de la época, se demostraría que sus planes incluyeron el exterminio y persecución sistemática de la oposición política, la violación de las mujeres de la zona republicana, la imposición de tests físicos y psicológicos a presos para vincular su ideología con enfermedades mentales o el robo sistemático de niños a padres republicanos para eliminar la contaminación ideológica, a los que todavía se oculta su verdadera identidad.

Por considerar que dichos actos, por su naturaleza de crímenes contra la humanidad no pueden prescribir ni ser absueltos, el magistrado-juez Baltasar Garzón inició un proceso para investigar los hechos, basándose en el que ya había impulsado infructuosamente contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmando que no se buscaba hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil. Entre otras consideraciones, argumentó la acusación de genocidio de acuerdo con el derecho español, citando al auto 211/2008 del Juzgado Central de Instrucción número dos caso SS-Totenkopf o Genocidio nazi, mediante el cual se consideraba delitos de genocidio y lesa humanidad los cometidos contra los españoles recluidos en los campos de concentración nazis con motivaciones políticas o ideológicas. La Audiencia Nacional decidió por mayoría de votos y sin hacer ninguna valoración acerca del carácter delictivo de los hechos denunciados, que el Juzgado Central de Instrucción número cinco dirigido por Garzón carecía de competencia objetiva para investigarlos, al considerar extinguida la posible responsabilidad penal de los investigados a causa de su fallecimiento. Los magistrados discrepantes consideraron que el juzgado sí era competente al ser los hechos investigados delitos de lesa humanidad y genocidio, por constituir una sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos tras la contienda.

Consecuencias - Económicas.

El pago del gasto de la guerra por ambos bandos fue muy elevado. El haber usado el gobierno republicano las reservas de oro para comprar armamento acabó con las reservas monetarias de la zona republicana. El bando sublevado tuvo que abonar mucho dinero tras finalizar el conflicto, en gran parte dejando que Alemania explotara las reservas mineras de la península y del África Española del momento, por lo que hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial casi no tuvieron posibilidad alguna de obtener ingresos. España había quedado devastada en algunas zonas, con pueblos totalmente asolados. La economía española tardaría décadas en recuperarse.


Víctimas de la Guerra Civil.

El número de víctimas civiles aún se discute. Algunos afirman exageradamente que la cifra se situaría entre 500.000 y 1 000.000  personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a la represión en forma de ejecuciones sumarias y paseos. Esta se llevó a cabo en el bando sublevado de manera sistemática y por orden de sus superiores, mientras en el bando republicano se produjo de manera descontrolada en momentos en que el gobierno perdió el control de las masas armadas. Los abusos se centraron en todos aquellos sospechosos de simpatizar con el bando contrario. En el bando sublevado se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos tanto de izquierdas como de derechas, mientras en el bando republicano esta represión se dirigió hacia simpatizantes de la reacción o sospechosos de serlo y sacerdotes de la Iglesia católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia católica, pues se destruyeron unos 20.000 edificios - entre ellos varias catedrales - incluyendo su ornamentación retablos e imágenes y archivos.

El número de muertos en la guerra civil española solo puede ser estimado de manera aproximada. El bando sublevado estableció una cifra de 500.000, incluyendo además de los muertos en combate, a las víctimas de bombardeos, ejecuciones y asesinatos. Estimaciones recientes arrojan esa misma cifra de 500.000 muertos o algo menos, sin incluir a quienes murieron de malnutrición, hambre y enfermedades engendradas por la guerra. La cifra de un millón de muertos, a veces citada, procede de una novela de Gironella, que la justifica entre los 500.000 reconocidos y otros tantos cuya vida resultó irremediablemente destrozada.


La represión franquista de la posguerra y el exilio republicano.

Tras la guerra, la represión franquista inició un proceso represivo contra el bando perdedor, iniciándose una limpieza de la que fue llamada La España Roja y contra cualquier elemento relacionado con la República, lo que condujo a muchos al exilio o la muerte, produciéndose el robo de bebés de padres republicanos, que aún a día de hoy desconocen, en muchos casos, su identidad. Durante ese tiempo, hablar de democracia, república o marxismo era ilegal y perseguible.

El exilio forzoso de muchos represaliados antes, durante y después de la guerra es difícil de cuantificar. Según su situación geográfica y sus preferencias políticas se optó entre salir por mar, cruzando el océano para pasar a países sudamericanos en su mayoría o el mar los más pudientes para ir a Inglaterra o Francia. O por tierra cruzando los Pirineos al lado galo, país que muchos eligieron por su cercanía con España y su creencia de buena acogida, demostrándose su error con hechos como los campos de concentración de Bram.

El exilio republicano se produjo en tres momentos. El primero fue la campaña del Norte, marzo a noviembre de 1937. El segundo, la caída de Cataluña, enero a febrero de 1939, durante la cual pasaron a Francia alrededor de 400.000 personas una cantidad tan importante que desbordó a las autoridades francesas, que tuvieron que improvisar diversos campos de concentración, incluso en las playas, donde los recluidos padecieron unas duras condiciones de vida, aunque casi la mitad de ellas acabarían retornando a España. La tercera y última oleada se produjo al final de la guerra, en los últimos días de marzo de 1939, cuando miles de republicanos se dirigieron a los puertos de Levante para conseguir un barco que los llevara al exilio, pero muy pocos lo consiguieron. Se calcula que en el mes de marzo de 1939 solo pudieron abandonar España entre 7000 y 7500 personas, incluidos los marinos de la dotación de la Flota que huyó a Bizerta.

Entre los exiliados se encontraba una parte significativa de las élites intelectuales españolas que buscaron acomodo en otros países, especialmente en México, lo que supuso una enorme pérdida de capital humano para España. Así por ejemplo, en febrero de 1942 el consulado general de México en Vichy censó a 13 400 españoles de formación superior que deseaban salir de la Francia ocupada, entre ellos 1743 médicos, 1224 abogados, 431 ingenieros y 163 profesores de los 430 que poseía España en 1936.

Relaciones internacionales.

Las repercusiones políticas y emocionales de la guerra trascendieron de lo que es un conflicto nacional, ya que, por muchos otros países, la Guerra Civil española fue vista como parte de un conflicto internacional que se libraba entre la religión y el ateísmo, la revolución y el fascismo. Para la URSS, Alemania e Italia, España fue terreno de prueba de nuevos métodos de guerra aérea y de carros de combate. Para Gran Bretaña y Francia, el conflicto representó una nueva amenaza al equilibrio internacional que trataban dificultosamente de preservar, el cual se derrumbó en 1939 pocos meses después del fin de la guerra española con la Segunda Guerra Mundial. El pacto de Alemania con la Unión Soviética supuso el fin del interés de esta en mantener su presión revolucionaria en el sur de Europa.

En cuanto a la política exterior, la GCE supuso el aislamiento de España y la retirada de embajadores de casi todo el mundo. Solo unos pocos países mantuvieron relaciones diplomáticas con España desde el final de la II Guerra Mundial hasta el inicio de la Guerra Fría. A partir de los años 50, las relaciones internacionales españolas, con el apoyo de EE.UU., pasan a ser casi normales, salvo con los países del Bloque Soviético.